Defensa y Seguridad:

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UNI2 Argentina - Propuestas - Defensa y Seguridad

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Ideas rectoras en materia de Seguridad

  • Director de Defensa y Seguridad Gustavo Semería

Introducción

La seguridad es un estado de bienestar indispensable para el desarrollo humano en plenitud. Entendida en el sentido amplio de seguridad humana es una necesidad prioritaria en la escala de valores sociales. Seguridad alimentaria, ambiental, jurídica, económica, sanitaria y ciudadana son piezas de un mismo conjunto. En última instancia, el concepto moderno de seguridad consagra una libertad fundamental: la libertad de vivir sin miedo bajo el imperio de la ley.

El estado nación surge como garante de la seguridad pública por medio del monopolio de la fuerza. Los individuos quedan así vedados de emplear la violencia para dirimir sus conflictos, salvo limitadas excepciones defensivas. El desafío de los estados modernos reside en armonizar las funciones del poder policial, entendido éste en su concepción de organización que hace respetar la ley en democracia conforme a los Principios de Peel, rectores de las policías modernas, con el respeto por las garantías que ponen límites a los excesos del estado para proteger a los inocentes frente a las arbitrariedades e injusticias. La responsabilidad del estado consiste en asegurar el libre goce de los derechos individuales, protegiendo la vida, la integridad física, la libertad y los bienes de las personas frente a los abusos, sea por parte de particulares o de funcionarios públicos. En la concepción liberal el estado debe concentrarse en sus cometidos indelegables y esenciales: seguridad, defensa, justicia y relaciones exteriores (subsidiariamente educación y salud). Un estado que abarca mucho, aprieta poco, y hace muchas cosas mal en lugar de hacer pocas cosas y bien. Se disipan recursos escasos en funciones no esenciales. Unidos propone que el estado cumpla eficazmente su función de Seguridad.

Unidos concibe a la Seguridad como un sistema compuesto por la actividad preventiva a cargo de las fuerzas de seguridad y policiales, la actividad judicial penal que juzga y condena, y la actividad de rehabilitación y reinserción social, en cabeza de los servicios penitenciarios y de los patronatos de liberados respectivamente. Estos componentes no pueden seguir operando en compartimentos estancos como hasta el presente. De nada sirve el esfuerzo que haga la policía si los aprehendidos son liberados inmediatamente, de nada sirve el esfuerzo de los juzgados si no hay cárceles adecuadas y en número suficiente para alojar a los detenidos, de nada servirá el esfuerzo si el servicio penitenciario no rehabilita a los desviados y a la postre todo este trabajo se verá frustrado si los rehabilitados no logran reinsertarse de manera pacífica y productiva en la sociedad.

Distinguimos al efecto tres planos de la seguridad:

El plano estratégico-político es el que se encuentra en cabeza de los poderes del estado. Estos deben sentar las bases de la sociedad a largo plazo. La estrategia requiere una visión de conjunto que integre los medios en pos de un objetivo. La seguridad se obtiene con el imperio de la civilización, la educación con valores, el trabajo, la producción y el mérito. En otras palabras, será necesario liberar las fuerzas morales y productivas de la nación para promover un desarrollo sostenido, con reglas claras y estables, que convierta nuevamente a la Argentina en una sociedad de extensa clase media en la que se erradique la pobreza y en la que las diferencias socioeconómicas no representen abismos. Hasta los años setenta el 80 % de los argentinos pertenecían a la clase media, en la actualidad ese porcentaje ha descendido a apenas el 35%. Hay una correlación entre tal descenso socioeconómico y el aumento de la inseguridad. La política no ha dado soluciones, sino que ha agravado el problema. Es necesario atacar las causas de la inseguridad al mismo tiempo que las consecuencias. Ambas cosas con la misma fuerza y decisión.

Plano Operativo

El plano operativo. Mientras se logran los objetivos de largo plazo es necesario operar sobre la realidad actual. El nivel operativo es el que está en manos de las autoridades de la burocracia estatal: diseñan la política criminal y dirigen su ejecución. Aquí la coordinación del sistema cobra relevancia. La principal misión de la policía es la prevención para anticiparse a la ocurrencia del delito. Para ello es fundamental la actividad de inteligencia y de investigación criminal, y ello en interacción con las autoridades a nivel local, los intendentes y referentes de la sociedad civil, las escuelas, los hospitales, los lideres barriales, es decir, con quienes conocen el territorio y pueden detectar a tiempo fenómenos como la deserción escolar, el tráfico y distribución de estupefacientes, la formación de pandillas, la violencia de género, los conflictos familiares, entre otros fenómenos criminógenos. Ocurrido el delito la policía debe actuar, sin hesitación, con la fuerza necesaria para hacerlo cesar. Frente a la dicotomía entre mano dura y mano blanda, Unidos propone la mano profesional. Ante la flagrancia la policía no puede ampararse en el temor a ser librada a su suerte si algo sale mal. El estado debe brindar un claro respaldo a la actuación policial, sin ambigüedades ni vaivenes. Para reducir al mínimo la ocurrencia de errores y malas prácticas el personal debe tener una capacitación adecuada y un entrenamiento intensivo. La profesión policial es vocacional y de riesgo, en consecuencia debe ser reconocida y bien remunerada por la sociedad. Ser policía debe ser un honor y un motivo de altísimo prestigio. La policía debe ser instruida en el respeto a la dignidad humana, los derechos individuales y las garantías procesales, bajo el criterio rector de la protección de las personas inocentes y de las víctimas. La amenaza penal cumple su función preventiva cuando es clara y entendible al más bajo nivel. La persecución del delito debe ser eficaz, pero la fuerza física estatal se detiene cuando el delito ha cesado. Los excesos deben ser sancionados y los buenos procederes premiados, incluso con ascensos. La tasa de aprehensión es de máxima relevancia al efecto de prevenir y disuadir al potencial delincuente. Por su parte la actividad represiva es importante, y debe ser llevada a cabo de manera profesional. El policía también debe ser un componedor, un agente de respeto y confianza pública. La fuerza debe ser la última ratio del estado, pero cuando se la emplea no debe fallar, ni en oportunidad ni en dosis, debiendo ser proporcional y gradual. La proporción no implica paridad, sino el grado necesario para detener a la fuerza delictiva. Sin confianza pública no habrá resultados, razón por la cual ha de ser tarea prioritaria reconstruir la relación con el vecino, para integrar a los particulares al sistema de seguridad.

Resulta inadmisible que los policías deban comprar sus uniformes, sus chalecos antibalas, y hasta las balas con las que deberán defenderse. Eso debe cambiar desde el momento en que Unidos acceda al poder, y hasta entonces, nuestros legisladores en todos los niveles se comprometen a impulsar las normas necesarias para que se termine con tan denigrante costumbre.

En la Argentina se cometen alrededor de 3,2 millones de delitos al año, de ellos la mitad aproximadamente son denunciados y la otra mitad forman parte de la llamada “cifra negra del delito”, hechos que por diversas razones no se denuncian. El poder judicial emite alrededor de 35.000 sentencias penales al año, es decir que apenas un uno por ciento de los delitos arriban a condena, de las cuales sólo unas 20.000 son de cumplimiento efectivo. Así, más importante que la amenaza cuantitativa de la pena resulta la efectividad de su cumplimiento. El delincuente sólo se verá disuadido si sabe que las chances de ser capturado y condenado son elevadas.

En cuanto al delito complejo y el crimen organizado Unidos entiende que el estado debe echar mano de todos los recursos disponibles, incluso de las fuerzas armadas, las que deberán apoyar e incluso intervenir con sus elementos de combate cuando las fuerzas de seguridad se vean desbordadas y cuando el Poder Ejecutivo, responsable final de la seguridad, lo considere necesario para garantizar el orden público. Ello sin la necesidad de declarar el estado de sitio, como ocurre actualmente. A tal fin será necesario modificar las normas que resulten hoy anacrónicas frente a las nuevas modalidades delictivas. El crimen organizado pone en jaque al poder del estado y por lo tanto representa una amenaza de envergadura que en ocasiones puede ser de orden militar. Se debe impedir que organizaciones criminales del exterior que son corridas por las fuerzas policiales y militares de otros estados encuentren un campo orégano en nuestro país. Este fenómeno que ha dado comienzo debe ser neutralizado inmediatamente. El narcotráfico, el terrorismo, los ciberdelitos, la trata de personas y las tomas de tierras serán perseguidos con todo el peso de la ley.

La actividad preventiva debe reforzarse en términos de capacitación humana, en métodos científicos y medios tecnológicos. Mejorar los planes de carrera, la remuneración, el prestigio social y elevar el nivel de selección en el reclutamiento es clave para asegurar que la policía estará un paso adelante del delito. Los procesos judiciales deberán agilizarse, evitando así las prisiones preventivas excesivas y asegurando la pronta administración de justicia. Las cárceles deben ser sanas y limpias conforme manda la constitución para servir al fin para el cual fueron creadas: aislar a los individuos que han quebrantado normas penales para lograr su reinserción mediante un tratamiento que modifique su conducta. Para ello será necesario invertir en las prisiones, no sólo para beneficio de los reos, sino para beneficio de la sociedad toda, puesto que nada se gana con empeorar al delincuente. La sentencia de Dostoievski mantiene vigencia: “el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.

Plano Táctico

El plano táctico. Es de las acciones concretas de los agentes de la ley y el orden en el terreno. Para Unidos ello se orienta en:

1. Diseñar e implementar políticas y planes de seguridad basados en evidencia científica que genere información de calidad para la toma de decisiones, de manera que se apliquen programas adecuados a cada territorio y modalidad delictiva que resulten sostenibles en el tiempo. Se debe evaluar la situación de cada provincia, municipio y barrio mediante el análisis delictivo, estadístico, el empleo de tecnología de la información y la participación ciudadana (vecinos, escuelas, hospitales, organizaciones no gubernamentales, etc.).
2. Evaluar la aplicación de esas políticas y planes y los resultados que producen en cada provincia, municipio, barrio y comunidad para asegurar que son eficaces (solucionan los problemas de orden y seguridad) y eficientes (los recursos que provee la comunidad a través de sus impuestos se usan en la solución práctica de los problemas de seguridad).
3. En este marco, se emplearán herramientas de disuasión tales como la intensificación del patrullaje a pie y en vehículos, la video vigilancia, la implementación de centros de emergencia, comando y control modernos. En materia de prevención se alentará la participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales en la definición de problemas locales de seguridad y en la evaluación del impacto de los planes implementados en la comunidad. Se aplicará la normativa de faltas y contravenciones propias de cada jurisdicción, programas de policía comunitaria, de resolución de problemas específicos (problem solving), de atención de áreas críticas (hot spots), de mejora del espacio público e integración urbana, de respuesta rápida a la protección de personas de grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, etc.) y de mediación y conciliación ciudadana.
4. En lo atinente a la represión del delito se potenciarán las capacidades de investigación criminal y técnico-científicas de las policías de provincia a través de la cooperación con las Fuerzas Federales de Seguridad y Policiales (FFSS/PP). Estas también contribuirán a la capacitación profesional de los agentes provinciales.
5. En el plano nacional, se fortalecerán las competencias de las FFSS/PP como Auxiliares de la Justicia Federal y en el cumplimiento de sus respectivas misiones de protección de fronteras terrestres, marítimas, fluviales, aeroportuarias, de objetivos e infraestructura estratégica nacional, de rutas y corredores ferroviales. También se reforzarán las capacidades en materia de investigación criminal, cooperación policial interna e internacional y de seguridad de las instituciones establecidas por la Constitución Nacional.

Legítima defensa:

La defensa del domicilio, del establecimiento comercial, profesional, industrial o rural siempre debe ser considerada legítima, sea que la agresión se produzca en horas nocturnas o diurnas, con o sin violencia en las cosas. A tal respecto el código penal ha quedado fuera de tiempo frente a la ola de violencia actual. Ante la ineficacia del estado como garante de la seguridad se refuerza inevitablemente la defensa propia. Unidos propone ampliar el alcance de la justificación y la exculpación del defensor atendiendo no sólo a la proporcionalidad y razonabilidad del medio empleado sino a las condiciones particulares del acto delictivo. El estado de conmoción y grave perturbación que el ataque provoca en la persona del agredido debe ser sopesado adecuadamente a favor de la víctima.

Tenencia y portación de armas:

Las armas en manos de los civiles honestos representan una doble garantía a la seguridad. Por un lado como amenaza permanente a los tiranos, advirtiéndolos de que el pueblo estará en capacidad de defender sus libertades, y por otro lado como garantía de la legítima defensa frente al delito. La legislación y regulación de la tenencia y portación de armas ha sido indebidamente conculcada por el estado nacional, pasando de ser un derecho a un permiso estatal, y siendo que en realidad se trata un poder no delegado que las provincias han reservado para sí. Devolver este poder a las provincias permitirá un adecuado tratamiento conforme a las necesidades y costumbres locales. La tenencia de armas para defensa del domicilio y del establecimiento laboral debe flexibilizarse, respetando los requisitos de idoneidad, pero evitando que por vía reglamentaria se conculque un derecho constitucional, como ocurre en la actualidad. La portación de armas es un derecho que debidamente regulado, con las aptitudes y destrezas necesarias por parte del usuario, debe garantizar el estado a los particulares. A tal efecto Unidos propone el estudio y evaluación de pruebas piloto en localidades menores, a fin de extender de manera progresiva la flexibilización de la portación de armas.