Economía:

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Propuestas para desarrollar Argentina

La situación económica Argentina presenta un marcado deterioro. La actividad económica está paralizada en algunos sectores y con serias dificultades en otros.  Los devastadores efectos de la pandemia y cuarentena han profundizado las décadas de  rigideces y desigualdad de oportunidades. Esta plataforma muestra el camino a seguir para crecer CON desarrollo, es decir, que la sociedad en su conjunto tenga una mejor calidad de vida.

Proponemos un cambio completo en el sistema económico y rentístico, de manera de permitir rápidamente mejorar la actividad económica.

Combatir la pobreza es sólo un slogan si sólo se reparte la riqueza que alguna vez existió en lugar de generar oportunidades de crecimiento que conlleven más empleo.

Las propuestas son múltiples  y con mayor efecto si se realizan simultáneamente y sin temor a las objeciones de quienes pierdan privilegios.

Proponemos

  • Un rotundo cambio en las políticas monetarias y cambiarias, fiscales y regulatorias,  laborales y previsionales.
  • Producir para Argentina y el mundo tanto energía como alimentos, industria o conocimientos y minería.
  • Eliminar las rigideces sobre todos los sectores, especialmente los no transables como construcción, servicios de salud y educación.  
  • Integrar a todos los ciudadanos a un sistema de trabajo que retribuya su esfuerzo.
  • Una reducción en la carga impositiva.
  • Una red de seguridad para quienes no tienen las mismas oportunidades

Es necesario:

Que el Estado (nacional, provincial y municipal) tenga superávit fiscal para poder cumplir con sus compromisos con generaciones anteriores: jubilaciones y deuda pública.

Que el Estado no  interfiera o reduzca actividades beneficiosas para la sociedad. La regulación debe limitarse a los efectos nocivos de las actividades y no debe competir ni aislar al sector privado.

Que el Estado ponga reglas de juego claras,  precisas y estables  similares a las del resto del mundo DESARROLLADO y  que generan crecimiento

Reformas

Revisiòn de toda partida de gasto que no justifique su rol de soporte para  la actividad económica, social y cultural.

Modernización y eficacia de la administración gubernamental

Transparencia y publicación de todos los gastos públicos.

Simplificación del sistema tributario en muy pocos impuestos, proporcionales, con exigente fiscalización, y facilitando  incorporación al sistema productivo.  Eliminación de frenos (impositivos o regulatorios)  al desarrollo

Simplificación del esquema normativo creando un único registro.

Simplificación contractual y libre contratación, tanto en empleo y salarios como en moneda.

Incorporación de “planes” a tareas productivas con incentivos para capacitación

Sistematizar y simplificar todo el sistema previsional (SIPA – ANSES)

Precios de energía y transporte de acuerdo a sus costos

Empresas públicas sin monopolios y sin subsidios

Provincias y Municipios recurriendo a sus propios recursos, con mínima entrega  a la Nación de los recursos que allí se generan

Fomento de exportaciones permitiendo ampliar el mercado que atienden las empresas argentinas

Moneda Sana

No es una utopía

Todos los países desarrollados tienen esas mismas políticas. Todos han construido sociedades que avanzan.  Si se libera la capacidad de trabajo y creación de los argentinos, cada uno a su ritmo y posibilidades, tendremos un país mejor. Para todos y nunca más para unos pocos.

Consideraciones para Propuestas para desarrollar Argentina (2)

Las políticas deben ser coherentes y simultáneas. En lo posible, de Shock. Agregar o complementar a las propuestas de Libertad y Progreso estos aspectos:

Política monetaria

Compromiso fundamental de mantener el valor de la moneda.

Tipo de cambio - Diversas opciones: a) Tipo de cambio fijo – sólo puede mantenerse con superávit fiscal y de cuenta corriente b) Tipo de cambio libre – Tesoro compra divisas en el mercado – Sólo puede hacerse con superávit fiscal c) Competencia de monedas – Superávit fiscal d) Dolarización - Superávit fiscal Política de tasas de interés a) Reducción de montos captados hasta que haya crédito en el sistema b) Eliminación tasas mínimas c) Eliminación/reducción de participación en Mercado de Futuros

Endeudamiento de BCRA Eliminar déficit Cuasi Fiscal Eliminar utilización de reservas por parte del

Política Fiscal

Eliminación de frenos al crecimiento por impuestos o regulaciones Simplificación de sistema impositivo (ir reduciendo anticipos a lo largo de 5 años) Reducción de Cantidad de impuestos y eliminación de doble imposición (especialmente inmuebles) Elevados mínimos no imponibles Progresividad de tasa moderada Reducción de impuesto a beneficios retenidos, amortización acelerada, devolución de créditos fiscales, etc Para economía en su conjunto Eliminación de todos los impuestos que hoy son a cuenta de ganancias (débitos y créditos, activos, etc.) – Simplificación en pocos impuestos: ganancias, IVA, (Tabaco, combustibles, etc. a estudiar). Nuevas empresas pueden nacer con menos impuestos a las ganancias por X tiempo. Devolución o compensación de créditos fiscales – Eliminación de alícuotas diferenciales de IVA Energía: precios acercándose a import / export parity – Tarifas por consumo (sin categorización actual) – libertad de contratación. Eliminación de impuestos nacionales que gravan las transacciones. Las provincias ya gravan con IIBB. Reducción en el tiempo de Convenio Multilateral. ANSES: Eliminar/reducir dobles prestaciones, años de aporte, Asignaciones pueden ser cobradas en todos los casos Congelamiento de presupuesto excepto obras infraestructura – libertad movimiento entre reparticiones – eliminación/reducción de superposición de funciones / digitalización / eliminación de trámites Todo tipo de actividad con similar carga impositiva (Biodisel y otros????) . Subsidios: reducción de alícuota o pago explícito? Congelar salario mínimo y “desenganchar” actividades Censo de regulaciones y justificación en no más de 60 días. Todas dejan de ser obligatorias hasta que esté Digesto o código de todas las regulaciones y normativas existentes. Privatización / reducción de actividades de empresas públicas y todas las que no estén vinculadas directamente a Salud, educación, Justicia, Defensa y Seguridad. Turismo, Deportes, habitat no son funciones nacionales (provinciales?)

Para fomentar exportaciones: a) Propuesta ultra riesgosa: Eliminación de tipos de cambio diferenciales. Apertura de mercados. Libre venta de dólares. Eliminar retenciones exigiendo ingreso de divisas en 1 semana y permiso de embarque por 6 meses. Riesgos: contratos Rofex, salto en precios.

b) Propuesta muy riesgosa: Eliminación de tipos de cambio diferenciales. Apertura de mercados. Simultáneamente modificar retenciones (tomadas a cuenta de ganancias). Riesgos: contratos Rofex, salto en precios,

c) Propuesta de alto impacto: correspondencia fiscal para las retenciones que SOLO pueden ser utilizadas para obras de infraestructura en zonas de exportación


Compensación parcial de ingresos fiscales a) Si presupuesto estuviera “congelado”: Ingresos por retenciones compensan parcialmente (ej 30% sobre $80 = 20% sobre $120) Ingresos por Ganancias serían similares a actuales b) Si presupuesto no estuviera “congelado” Privatización, reducción de funciones de empresas públicas

Políticas regulatorias - Desregulación

Eliminar o reducir costos que son transferencias entre privados (Ejs: Sadaic a hoteles, Fondo Nacional de las Artes, Sociedad de autores, etc.) Obras Sociales: posibilidad de fusiones entre OS, posibilidad de migración para personas, Sistema de cobro de salud pública a OS

Sistema Jubilatorio

Voluntario: Equivalente a 401(k) para quienes estén a más de X años de jubilarse. Se mantiene AUAM - Se hacen aportes a mercado de capitales PREVIO a pago de ganancias. Se permite contribuciones de empleador (Matching). Se paga ganancias al retirar fondos. Planes: se mantiene 1 año a quien tenga trabajo registrado y aporte a 401(k). Se mantiene 6 meses a quien no tenga trabajo. Jubilaciones actuales: fórmula a) inflación o b) recursos disponibles - Sin restricciones a tomar un empleo, sin necesidad de aportes ni descuentos.

Políticas ad-hoc

Vivienda: descentralización, sin exigencias previas de servicios públicos (similar countries), estandarización de contratos para securitización, créditos con exención de impuestos. Salud: historia clínica digital, centralización de información

Problemas de implementación

Resistencia sindicatos / planes / simultaneidad / credibilidad / fondos para financiar transición / descoordinación entre jurisdicciones / disponibilidad de “talentos” Anticipando cambios se “demoran” actividades hasta estar bajo el nuevo régimen. Stop & Go. Importancia relativa de ANSES Identificar % de los 27 M de personas que reciben prestaciones que sean empleables –

Propuesta de Libertad y Progreso para modificar los impuestos y la coparticipación

La propuesta contempla una modificación del concepto de coparticipación federal de impuestos.

Este cambio condiciona el alcance de la reforma tributaria ya que la propuesta es retornar potestades tributarias a las provincias, reteniendo la Nación el cobro de algunos impuestos no transferidos.

Del actual sistema, en el que el gobierno nacional recauda impuestos en un monto que excede sus necesidades y transfiere a las provincias una parte de esa recaudación, se propone evolucionar a otro en el que se redistribuyen las potestades tributarias de manera que la Nación recaudará sólo lo necesario para cubrir su propio gasto. Las provincias recaudarían en su conjunto lo necesario para su gasto conjunto, y para no alterar su situación actual se introduciría un fondo de redistribución entre ellas.

Los acuerdos para la reforma constitucional de 1994 establecieron claramente un plazo hasta la finalización de 1996 para modificar el actual régimen de coparticipación federal de impuestos. Este plazo no fue cumplido y hasta hoy no se ha logrado ninguna reforma trascendente. La cuestión cobra una indudable importancia. Un compromiso de fuertes reducciones en el gasto debe abarcar a los gobiernos provinciales y municipales. Todos ellos son parte del país y deben apoyar la solución del problema.

En su conjunto, el gasto provincial está financiado en más de un 60% con fondos transferidos por la Nación y más de dos tercios de las provincias reciben una proporción que excede el 70%. Para un gobernador es políticamente más redituable acrecentar los fondos recibidos de la Nación, que ponerle más presión tributaria a sus propios ciudadanos. De la misma manera, cualquier gobierno provincial tendrá pocos incentivos para facilitarle a la AFIP el control de la evasión en su territorio, ya que todo impuesto nacional evadido queda en un 100% dentro de la provincia, mientras que si es recaudado sólo vuelve en una proporción mucho menor.

La propuesta es lograr correspondencia fiscal. Esto quiere decir que las provincias deberán ser en su conjunto responsables de recaudar los impuestos necesarios para cubrir la totalidad del gasto conjunto provincial.

Los cambios tributarios propuestos son:

  1. La rápida eliminación del Impuesto a los Sellos en las jurisdicciones donde aún subsiste.
  2. La sustitución del Impuesto a los Ingresos Brutos (es propio de las provincias) por un impuesto a las ventas de consumo final.
  3. La supresión de los derechos de exportación
  4. La reducción gradual de la alícuota del IVA en la medida que se obtenga superávit fiscal.
  5. Supresión del Impuesto a los Bienes Personales siguiendo escalas anuales decrecientes, tal como se estableció originalmente en el artículo 25 de la Ley 23.966, modificado por la Ley 27.260.
  6. Modificación gradual del régimen de anticipos para volver al pago de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales (mientras subsista) luego de terminado el periodo en el cual devengan.
  7. Con la modificación del régimen de Coparticipación federal se propone la transferencia a las provincias de la potestad de recaudar:
    • el Impuesto a la Transferencia de Combustibles,
    • los Impuestos Internos,
    • el impuesto a las Ganancias de Personas Físicas y
    • el impuesto a los Bienes Personales.
  8. Retener para la Nación la recaudación y uso de lo obtenido, del IVA, el impuesto a las Ganancias de personas jurídicas y los impuestos al comercio exterior.


La correspondencia fiscal plena (cada provincia recauda lo suyo) tendría el severo inconveniente de dejar de lado el efecto redistributivo que el actual régimen logra al asignar los fondos mediante fórmulas que consideran las mayores necesidades de las provincias más pobres.

Esto se resuelve mediante el Fondo de Redistribución de Recursos (FRR) al cual aportarán las provincias el producido del impuesto a los combustibles.

El criterio de redistribución del Fondo será aquel que permita que no se alteren los porcentajes que resultan de aplicar el régimen actualmente vigente, cuando se instrumente el nuevo sistema. El cambio de la estructura impositiva no implicará por lo tanto un empeoramiento para las provincias más pobres, ya que se reemplaza la forma redistributiva de la coparticipación vertical por un sistema de redistribución horizontal entre provincias mediante el FRR, sin variar en el empalme de regímenes la proporción de lo que recibe cada una.

Pero lo importante es que los porcentajes asignados a cada provincia en el inicio se mantendrán luego inalterados. Todo aumento del gasto de una provincia por encima de lo que le corresponde, deberá tener como contrapartida un aumento de sus propios recursos impositivos.

Se creará la Comisión Fiscal Federal (CFF), con representación de todos los gobiernos provinciales, para supervisar la distribución de los fondos del FRR.

Deberán introducirse dos reglas macrofiscales: una imponiendo un límite a la deuda pública total de cada provincia y otra estableciendo un límite al gasto público total de cada una.

Juzgada por sus efectos, suele afirmarse que la coparticipación ha dañado nuestro federalismo.

La necesidad de revertir la situación nos lleva a proponer la descentralización de potestades tributarias hacia las provincias, la sustitución del régimen de coparticipación vigente por otro organismo de redistribución regional, el otorgamiento de incentivos (e incluso la aplicación de sanciones) a las provincias según sea su desempeño fiscal y la puesta en vigencia de reglas macrofiscales provinciales, complementarias de la legislación nacional.

Desde luego, las provincias y el estado nacional deberán procurar que la adhesión de las provincias a las leyes convenio tenga lugar en condiciones satisfactorias para todas las partes.

Propuesta de Libertad y Progreso: Reforma Laboral

Inicia el texto con una introducción sobre una serie de aspectos que se consideran relevantes para dinamizar el trabajo en Argentina:

  1. Inversión en activos productivos
  2. Evolución del salario real
  3. Productividad del trabajo
  4. Incorporación de capitales y nuevas tecnologías

La reforma resulta necesaria toda vez que la normativa vigente desalienta el dinamismo que estos cuatro puntos le darían al mundo del trabajo y particularmente a la generación de empleo. De allí en adelante, el capítulo está estructurado con una serie de propuestas de reforma y breves explicaciones en uno o dos párrafos:

  1. NEGOCIACIONES A NIVEL DE EMPRESA: lo hemos debatido, que cada empresa negocie con sus trabajadores evitando que el sector decida por sobre encima de la realidad particular de cada empresa.
  2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: el arbitraje es la última instancia, deben resolver las partes de manera previa.
  3. LIBERTAD SINDICAL: tanto en lo individual como en lo colectivo, enfatizando en las elecciones y en ejercicio diario de la actividad sindical.
  4. DESREGULACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN: menos autoridades administrativas para que las empresas reduzcan sus costos ante trámites laborales. Apostar a un centro único de información laboral que termine con los conflictos de todo tipo entre jurisdicciones.
  5. MODALIDADES DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD: aumentar la productividad, reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Entender que el trabajo cambió y la relación de dependencia ya no es la única variante de relación laboral.
  6. REDUCCIÓN DEL COSTO Y RIESGO DE DESPIDO: suprimir la indemnización por despido compensándola con un seguro de desempleo. Segunda opción, reducir el costo de despido.
  7. EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN: formar en competencias requeridas compensando el atraso educativo y el deterioro de las carreras de oficios y profesiones que se requieren en industrias y servicios.
  8. CONTRATACIÓN FLEXIBLE: ponderar los contratos en período de prueba, los contrarios de plazo fijo flexible y contrataciones similares que promuevan la generación de empleo.
  9. FLEXIBILIZACIÓN INTERNA: apostar a la polivalencia funcional dejando de lado la rigidez de las categorías de los convenios colectivos de trabajo.
  10. JORNADA Y DESCANSO FLEXIBLE: dejar de lado la rigidez de los contratos y convenios, pactando entre partes horarios y días convenientes a las partes.
  11. PREMIOS EN LA REMUNERACIÓN: pautas de productividad, de rentabilidad y resultados obtenidos.

Propuesta de Libertad y Progreso: Servicios Financieros

Los aspectos que más claramente distinguen las economías desarrolladas de aquellas que no lo son, son:

  • La diversidad de instituciones, mercados, canales, mecanismos e instrumentos que posibilitan la utilización y aplicación por parte de personas físicas o jurídicas, de recursos excedentes poseídos por terceros;
  • El volumen significativo total de los recursos que se canalizan a través de estos medios.
  • Los plazos extendidos; los grandes montos y bajos costos que pueden obtener los demandantes de financiación,

En sentido contrario, la escasez (o carencia) de canales, mercados, instrumentos, el relativamente pequeño volumen de recursos canalizados y la escasez de financiamiento accesible a largo plazo, no sólo caracterizan al subdesarrollo, sino que son una de sus principales causas. En efecto, estos rasgos, que configuran un verdadero cuadro de “raquitismo financiero”, impiden el acceso fluido y la rápida acumulación de capital físico y humano por parte de las personas físicas y de las empresas, que es lo mismo que decir que retardan el crecimiento individual y del conjunto social.

La funciones y roles que desempeñan los mercados financieros imponen a los poderes públicos las siguientes exigencias:

  • Proveer un marco legal que dé certeza de sus derechos y obligaciones a las partes contratantes.
  • Mantener una elevada calidad de gestión en los respectivos poderes de policía (el Banco Central, como responsable de la política monetaria y la supervisión amplia de los mercados financieros, y las respectivas superintendencias de bancos, seguros y demás participantes de estos mercados).
  • Administrar la economía y las finanzas públicas (impuestos, gastos, financiación, endeudamiento, etc.) de manera de asegurar un marco macroeconómico estable, no comprometiendo la estabilidad de la moneda, ni distorsionando la estructura de precios relativos o generando presiones indebidas sobre las tasas de interés.

Propuestas:

La Ley de Entidades Financieras que proponemos pretende basarse en las consideraciones precedentes y contribuir a que los poderes públicos puedan responder satisfactoriamente a las exigencias arriba mencionadas y en particular impulsar:

  • El conocimiento del sistema financiero por parte del público y la confianza en el mismo,
  • La protección de los usuarios,
  • La competencia y la innovación dentro del sistema,
  • El buen gobierno de las instituciones participantes y la prevención y represión del delito dentro del sistema.
  1. En lo que hace a las funciones normales y habituales de los bancos, la legislación sobre entidades financieras debería propender a que:
    • El sistema y los servicios de pagos sean de alcance amplio y fácil accesibilidad.
    • Definir los diversos tipos de entidades que se autorizarán (públicas, universales, especializadas, etc.)
    • Fijar las exigencias para la autorización, las estructuras de capital y de gobernanza para cada clase de entidades
    • Establecer los criterios prudenciales en materias de liquidez y capitales, riesgos crediticios, descalces, riesgos de mercado, operacionales, legales, etc.
    • Demarcar los límites particulares a las financiaciones otorgada al Sector Público (agregado que nuclea al Estado Nacional, los estados provinciales y municipales y todo ente, organismo o sociedad comercial en cuya propiedad participe directa o indirectamente el sector público)
    • Determinar las exigencias mínimas para los regímenes contables, de auditoría, de consolidación y transparencia informativa.
    • Definir los criterios de confidencialidad y secreto bancario.
  2. La captación de depósitos, el otorgamiento de créditos y cualquier otro servicio bancario que pudieran ser calificados – por decreto del Poder Ejecutivo Nacional – de servicio público (como podría ser el caso de una cuenta básica para cobros y pagos) será prestada o llevada a cabo por el o los bancos públicos1 que el decreto del Poder Ejecutivo determine y en las condiciones que allí se establezcan. La calificación de servicio público ha sido históricamente reservada a actividades en las que se entiende que el oferente o prestador no debe poder ejercer el derecho de admisión o exclusión.
  3. En cuanto a la actividad de intermediación financiera no bancaria, la distinta naturaleza de los riesgos asumidos por los intermediarios, las diferentes exigencias que de ello resultan en materias de liquidez (encajes) y solvencia (capitales) y la ausencia de garantías y privilegios especiales para quienes inviertan sus ahorros a través de estos intermediarios, son todos factores que justifican que su supervisión sea ejercida por un órgano específico.
  4. Ahora bien, dado que los intermediarios no bancarios (actividad a veces referida como banca de inversión)2 comercializan instrumentos que compiten con los emitidos por los bancos y pueden adquirir dimensiones tales que los conviertan en actores sistémicos, es necesario que su organismo específico de supervisión mantenga informado de manera plena y permanente al Banco Central – en su carácter de supervisor general de los mercados financieros – y a la superintendencia de bancos, sobre los montos, magnitudes y evolución de los riesgos administrados.
  5. No será el Banco Central, sin embargo, quien emitirá las normas prudenciales ni quien supervisará su cumplimiento, sino las superintendencias respectivas, las que serán entidades autárquicas dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Hacienda de la Nación. Pero el Banco Central dispondrá de la información necesaria para evaluar la liquidez y la solvencia de los intermediarios, pudiendo coordinar con las superintendencias específicas las políticas macro y micro prudenciales que juzgue apropiadas.
  6. Para minimizar la ocurrencia de arbitrajes regulatorios3, la ley debe facultar a la autoridad a que limite la participación de las firmas bancarias en otros mercados financieros, como el de los seguros, los fondos de pensiones, las firmas bursátiles y la originación y distribución de participaciones en fideicomisos.
  7. La ley debe otorgar a la autoridad la facultad de liquidar o rescatar (por vía de saneamiento, reestructuración, etc.) instituciones fallidas o en peligro inminente, pero la decisión de balancear los riesgos (el llamado riesgo moral versus el eventual costo agregado para la economía de no rescatar instituciones)4 no queda solo en cabeza de las superintendencias, sino que será responsabilidad de un consejo integrado por estas, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
  8. La protección de la estabilidad de los sistemas financieros y de la continuidad de los servicios de pagos serán los objetivos prioritarios.

Opinión sobre “10 puntos de consenso para el desarrollo” de KULFAS/Administración Alberto Fernández

Desde la Fundación Libertad y Progreso, con la dirección e iniciativa de Agustín Etchebarne, se desarrolló un catálogo de 11 acciones de gobierno que, secuencialmente aplicadas, permitirán a la Argentina desandar décadas de decadencia y retomar el sendero del desarrollo integral.

Esta es la síntesis de las 11 etapas:

  1. Reforma monetaria: que podrá tomar la forma de libertad de monedas, dolarización, u otras técnicas.
  2. Desregulación y simplificación de las trabas administrativas para la actividad productiva.
  3. Reducción de la carga impositiva y simplificación tributaria.
  4. Flexibilización laboral que facilite la contratación de gran cantidad de desocupados
  5. Reforma administrativa del Estado.
  6. Reducción de los planes sociales hacia fomento del empleo.
  7. Equiparación de edad jubilatoria hombre y mujeres en 65 años; junto con gradual suba a los 70 años.
  8. Reducción de los subsidios a Energía y Transportes.
  9. Privatización de las Empresas del Estado.
  10. Reforma de la coparticipación federal, orientándola a la correspondencia fiscal de las provincias.
  11. Apertura comercial con acuerdos de libre comercio con el Mundo.

La Administración Fernández, a través del Ministro Kulfas, acaba de publicar un decálogo de buenas intenciones – en el mejor de los casos – como resultado de un consenso corporativo alcanzado entre diversos actores y que podría derivar en políticas públicas.

Frente a este “consenso” nos parece útil acercar la Opinión sobre cada uno de esos puntos y cuáles serían las Propuestas que, dentro de las 11 acciones listadas por LyP, correspondería aplicar en cada uno para obtener el resultado deseado.  Dentro de cada punto, las propuestas están ordenadas por impacto relativo, ya que no se agotan con una sola acción.

Por su parte, la Opinión está condensada en un término, cuya explicación se describe al pie del cuadro:

PUNTO OPINIÓN PROPUESTA “Fundación Libertad y Progreso”
  1. Necesitamos exportar más
Obvio 3-Baja y simplificación tributaria; 2-Desregulación y simplificación; 4-Flexibilización laboral; 9-Privatización Empresas Estatales; 11-Apertura con acuerdos de libre comercio con el Mundo.
  1. Ningún sector productivo sobra, todos son importantes
Falso 4-Flexibilización laboral; 7-Reducción y eliminación subsidios Energía y Transporte; 9-Privatización Empresas Estatales; 3-Baja y simplificación tributaria; 11-Apertura con acuerdos de libre comercio con el Mundo.
  1. Hay una falsa antinomia entre mercado interno y externo
Cínico 1-Reforma Monetaria; 2-Desregulación y simplificación; 3-Baja y simplificación tributaria;
  1. No hay futuro sin políticas productivas que fomenten creatividad e innovación
Estado Niñera 2-Desregulación y simplificación; 1-Reforma monetaria; 11-Apertura con acuerdos de libre comercio con el Mundo; 4-Flexibilización laboral; 10-Reforma coparticipación hacia correspondencia fiscal
  1. Ninguna política será sustentable si no contempla la dimensión ambiental
Snob Para cuando recuperemos el PBI per cápita, con una buena distribución, alrededor del año 2030
  1. Una macro estable es necesaria para el desarrollo productivo y la creación de empleo de calidad
Obvio 1-Reforma Monetaria; 3-Baja y simplificación tributaria; 5-Reforma administrativa del Estado;9-Privatización Empresas Estatales.
  1. No bajaremos la pobreza ni la desigualdad sin un Estado que promueva la Inversión privada y la suba de la productividad
Estado Niñera 5-Reforma administrativa del Estado; 6-Reducción de planes sociales, 4-Flexibilización laboral; 3-Baja y simplificación tributaria; 1-Reforma monetaria; 2-Desregulación y simplificación
  1. Una buena política productiva debe reducir la brecha de género
Snob 7-Suba de edad jubilatoria de las mujeres a 65 y a mediano plazo todos a los 70; 4-Flexibilización laboral; 2-Desregulación y simplificación
  1. La apertura comercial no es un fin en sí misma sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente
Falso 11-Apertura con acuerdo de libre comercio con el Mundo
  1. Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional
Falso 10-Reforma coparticipación hacia correspondencia fiscal

Descripción de la columna OPINIÓN

OBVIO: el enunciado es, cuando menos, un lugar común de buenas intenciones.  No agrega nada y no implica consenso alguno.  Todos coincidirían con esa frase y no mejora en absoluto las decisiones de gestión, que es lo que importa.

FALSO: el enunciado carece de solvencia, bien porque deja afuera consideraciones que lo harían impracticable, bien porque engaña respecto de su aparente inocuidad.

CÍNICO: se trata de frases que encubren realidades diferentes, que traen aparejados resultados contrarios, a modo de Caballos de Troya.

ESTADO NIÑERA: el “Nanny State” es un ideal de los populistas y demagogos que prometen ocuparse de cambiarle los pañales y alimentar a todos, todo el tiempo, siempre y cuando entreguen su libertad a cambio.

SNOB: el enunciado es “políticamente correcto” porque está de moda e, inclusive, es impulsado por los organismos internacionales.  América Latina en general, Argentina, en particular, tiene otra agenda urgente.

Notas

  1. Un programa esencialmente liberal no puede dar lugar al Estado Empresario, tal como lo planteara originalmente Juan Bautista Alberdi.  En particular, la existencia de entidades financieras estatales es una falla institucional que debemos propender a subsanar.  Los esfuerzos realizados por la Administración Menen en ese sentido no fueron suficientes: subsisten aún muchos bancos estatales.  Progresivamente deben ser excluido de la órbita e incumbencia del Poder Ejecutivo Nacional y provincial.
  2. Una estructura del sistema bancario alternativa y menos proclive a descalces, corridas y derrumbes institucionales es la conocida como Banca Simon.  En ella, los bancos deben tener encajado el 100% de sus depósitos a la vista o de liquidez inmediata, de modo tal de garantizar la existencia permanente de los fondos allí depositados.  Su negocio será sólo administrar esos movimientos y cobrar comisiones por el servicio.  El ahorro y la inversión se conectarán sin intermediarios mediante la actuación de los mercados de capital, que actuarán como espacios para negociación entre agentes fiduciarios de los ahorristas.
  3. Para este fin y para lo citado en el punto anterior, durante 2001 se impulsaba la creación de una Superintendencia de Servicios Financieros que iba a integrar: las superintendencias de Bancos, de Seguros, de ARTs, de AFJPs y la Comisión Nacional de Valores.  Deberíamos revisar esa solución.  Ese rol del Estado es indelegable.
  4. Se propone estudiar el establecimiento de un seguro de solvencia y liquidez de las instituciones actuantes, emitido por compañías reaseguradoras internacionales en un régimen de competencia, con costo de primas a cargo de los asegurados: entidades y sus clientes.