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==Ideas rectoras en materia de Seguridad==
 
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El '''plano táctico'''. Es de las acciones concretas de los agentes de la ley y el orden en el terreno. Para Unidos ello se orienta en:
 
El '''plano táctico'''. Es de las acciones concretas de los agentes de la ley y el orden en el terreno. Para Unidos ello se orienta en:
   
::1. Diseñar e implementar políticas y planes de seguridad basados en evidencia científica que genere información de calidad para la toma de decisiones, de manera que se apliquen programas adecuados a cada territorio y modalidad delictiva que resulten sostenibles en el tiempo. Se debe evaluar la situación de cada provincia, municipio y barrio mediante el análisis delictivo, estadístico, el empleo de tecnología de la información y la participación ciudadana (vecinos, escuelas, hospitales, organizaciones no gubernamentales, etc.).
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# Diseñar e implementar políticas y planes de seguridad basados en evidencia científica que genere información de calidad para la toma de decisiones, de manera que se apliquen programas adecuados a cada territorio y modalidad delictiva que resulten sostenibles en el tiempo. Se debe evaluar la situación de cada provincia, municipio y barrio mediante el análisis delictivo, estadístico, el empleo de tecnología de la información y la participación ciudadana (vecinos, escuelas, hospitales, organizaciones no gubernamentales, etc.).
 
# Evaluar la aplicación de esas políticas y planes y los resultados que producen en cada provincia, municipio, barrio y comunidad para asegurar que son eficaces (solucionan los problemas de orden y seguridad) y eficientes (los recursos que provee la comunidad a través de sus impuestos se usan en la solución práctica de los problemas de seguridad).
 
 
# En este marco, se emplearán herramientas de disuasión tales como la intensificación del patrullaje a pie y en vehículos, la video vigilancia, la implementación de centros de emergencia, comando y control modernos. En materia de prevención se alentará la participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales en la definición de problemas locales de seguridad y en la evaluación del impacto de los planes implementados en la comunidad. Se aplicará la normativa de faltas y contravenciones propias de cada jurisdicción, programas de policía comunitaria, de resolución de problemas específicos (problem solving), de atención de áreas críticas (hot spots), de mejora del espacio público e integración urbana, de respuesta rápida a la protección de personas de grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, etc.) y de mediación y conciliación ciudadana.
::2. Evaluar la aplicación de esas políticas y planes y los resultados que producen en cada provincia, municipio, barrio y comunidad para asegurar que son eficaces (solucionan los problemas de orden y seguridad) y eficientes (los recursos que provee la comunidad a través de sus impuestos se usan en la solución práctica de los problemas de seguridad).
 
 
# En lo atinente a la represión del delito se potenciarán las capacidades de investigación criminal y técnico-científicas de las policías de provincia a través de la cooperación con las Fuerzas Federales de Seguridad y Policiales (FFSS/PP). Estas también contribuirán a la capacitación profesional de los agentes provinciales.
 
 
# En el plano nacional, se fortalecerán las competencias de las FFSS/PP como Auxiliares de la Justicia Federal y en el cumplimiento de sus respectivas misiones de protección de fronteras terrestres, marítimas, fluviales, aeroportuarias, de objetivos e infraestructura estratégica nacional, de rutas y corredores ferroviales. También se reforzarán las capacidades en materia de investigación criminal, cooperación policial interna e internacional y de seguridad de las instituciones establecidas por la Constitución Nacional.
::3. En este marco, se emplearán herramientas de disuasión tales como la intensificación del patrullaje a pie y en vehículos, la video vigilancia, la implementación de centros de emergencia, comando y control modernos. En materia de prevención se alentará la participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales en la definición de problemas locales de seguridad y en la evaluación del impacto de los planes implementados en la comunidad. Se aplicará la normativa de faltas y contravenciones propias de cada jurisdicción, programas de policía comunitaria, de resolución de problemas específicos (problem solving), de atención de áreas críticas (hot spots), de mejora del espacio público e integración urbana, de respuesta rápida a la protección de personas de grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, etc.) y de mediación y conciliación ciudadana.
 
 
::4. En lo atinente a la represión del delito se potenciarán las capacidades de investigación criminal y técnico-científicas de las policías de provincia a través de la cooperación con las Fuerzas Federales de Seguridad y Policiales (FFSS/PP). Estas también contribuirán a la capacitación profesional de los agentes provinciales.
 
 
::5. En el plano nacional, se fortalecerán las competencias de las FFSS/PP como Auxiliares de la Justicia Federal y en el cumplimiento de sus respectivas misiones de protección de fronteras terrestres, marítimas, fluviales, aeroportuarias, de objetivos e infraestructura estratégica nacional, de rutas y corredores ferroviales. También se reforzarán las capacidades en materia de investigación criminal, cooperación policial interna e internacional y de seguridad de las instituciones establecidas por la Constitución Nacional.
 
   
 
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Las armas en manos de los civiles honestos representan una doble garantía a la seguridad. Por un lado como amenaza permanente a los tiranos, advirtiéndolos de que el pueblo estará en capacidad de defender sus libertades, y por otro lado como garantía de la legítima defensa frente al delito. La legislación y regulación de la tenencia y portación de armas ha sido indebidamente conculcada por el estado nacional, pasando de ser un derecho a un permiso estatal, y siendo que en realidad se trata un poder no delegado que las provincias han reservado para sí. Devolver este poder a las provincias permitirá un adecuado tratamiento conforme a las necesidades y costumbres locales. La tenencia de armas para defensa del domicilio y del establecimiento laboral debe flexibilizarse, respetando los requisitos de idoneidad, pero evitando que por vía reglamentaria se conculque un derecho constitucional, como ocurre en la actualidad. La portación de armas es un derecho que debidamente regulado, con las aptitudes y destrezas necesarias por parte del usuario, debe garantizar el estado a los particulares. A tal efecto Unidos propone el estudio y evaluación de pruebas piloto en localidades menores, a fin de extender de manera progresiva la flexibilización de la portación de armas.
 
Las armas en manos de los civiles honestos representan una doble garantía a la seguridad. Por un lado como amenaza permanente a los tiranos, advirtiéndolos de que el pueblo estará en capacidad de defender sus libertades, y por otro lado como garantía de la legítima defensa frente al delito. La legislación y regulación de la tenencia y portación de armas ha sido indebidamente conculcada por el estado nacional, pasando de ser un derecho a un permiso estatal, y siendo que en realidad se trata un poder no delegado que las provincias han reservado para sí. Devolver este poder a las provincias permitirá un adecuado tratamiento conforme a las necesidades y costumbres locales. La tenencia de armas para defensa del domicilio y del establecimiento laboral debe flexibilizarse, respetando los requisitos de idoneidad, pero evitando que por vía reglamentaria se conculque un derecho constitucional, como ocurre en la actualidad. La portación de armas es un derecho que debidamente regulado, con las aptitudes y destrezas necesarias por parte del usuario, debe garantizar el estado a los particulares. A tal efecto Unidos propone el estudio y evaluación de pruebas piloto en localidades menores, a fin de extender de manera progresiva la flexibilización de la portación de armas.
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== Propuesta de Política de Seguridad ==
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El hombre debe ser entendido como un ser que se distingue por su inteligencia y su voluntad, que le otorgan la capacidad de elegir entre diferentes opciones. El hombre es libre, sin importar su formación o situación social, y por lo tanto responsable de sus actos. Si bien es cierto que la seguridad y la libertad son fuerzas que pueden aparecer como opuestas, creemos que son fuerzas confluentes por cuanto ambas contribuyen a que se den las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vida, el ejercicio de la libertad y la protección de los derechos de propiedad.
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Así, las sociedades modernas han resignado el ejercicio de la violencia individual como medio de resolución de sus conflictos delegando al Estado el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La provisión de seguridad es un servicio público para el establecimiento de la ley y la administración de la justicia. El Estado aparece como una institución que debe defender, y al mismo tiempo permitir, el desarrollo de una sociedad libre y tiene dos modos de ejercer sus funciones en este punto. Una faz activa que es la de defender los derechos de los ciudadanos respecto de los delitos de otros ciudadanos, y una faz pasiva que consiste en abstenerse de avanzar sobre cuestiones que deben quedar reservadas a la libre voluntad de las personas. Son fundamentales las garantías establecidas en la Constitución Nacional respecto de la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. En este proceso debe aplicar no sólo la fuerza de la ley, sino toda la inteligencia de una moderna gestión de prevención de los delitos, tomando ejemplo de las acciones desarrolladas por otras sociedades que han vencido a la inseguridad.
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El desafío de garantizar la seguridad pública no admite demoras. Los efectos nocivos de la inseguridad se trasladan a toda la sociedad, aun cuando muchos ciudadanos no sean víctimas directas de un delito. La inseguridad deriva en costos que afectan no sólo la vida diaria de las personas, sino también la actividad económica y con ello a las oportunidades de desarrollo y crecimiento de la Nación. En las últimas décadas se ha producido un creciente desbalance y error en la propia idea de la seguridad.
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Consideramos que debe haber un digesto de leyes y normas suficientemente claras para que permitan que el ciudadano conozca exactamente cuáles '''son las consecuencias de sus acciones'''. De la misma forma las leyes deben aplicarse sin tergiversaciones y deben impulsarse con celeridad los procesos judiciales. En todos los casos el objetivo es enfrentar al ciudadano claramente con el costo de infringir las normas, y al mismo tiempo reconocerle la mayor libertad posible y la menor intervención del Estado.
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Se ha popularizado el enfoque de Gary Becker, del crimen y castigo subsiguiente. Para ponerlo en términos sencillos, '''cuánto más improbable sea que un delincuente cumpla efectivamente con una pena determinada, sea esta punitiva, retributiva o ejemplificadora, menos costoso será delinquir y, por ende, más probable que lo utilice como medio de vida.''' La cadena de eventos que debe sucederse exitosamente para que un delincuente pague el precio de su ilegalidad contiene eslabones clave como: '''- Aprehensión. - Juzgamiento. - Condena. - Cumplimiento efectivo de la condena, en tiempo y forma.'''
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Una primera cuestión que en esta materia debe quedar categóricamente establecida es la obligación que tiene el gobierno de respetar y hacer respetar el estado de derecho y el orden público. No es ocioso enfatizar esta cuestión en un país como la Argentina, que más de una vez se ha deslizado peligrosamente en el límite de la anarquía, sin que el Estado pudiera asumir en plenitud su responsabilidad de poner en resguardo la vida ni la propiedad de los ciudadanos. No es aceptable resignar el estado de derecho en función del falso postulado que no se debe criminalizar la protesta social.
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La seguridad pública tiene una diversidad de facetas propias de su ámbito y de interrelaciones con la administración del Estado. Su complejidad hace imposible que unas pocas acciones resuelvan los problemas que se presentan. '''Es la resultante de funciones que deben realizarse en conjunto y coordinadamente; ellas son: - La función policial, incluyendo el sistema de inteligencia. - La justicia penal. - La justicia procesal penal. - El sistema penitenciario. - La cooperación inter policial dentro y fuera de las fronteras. - La seguridad privada- La participación ciudadana.'''
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'''Las encuestas indican a la inseguridad''' como uno de los primeros temas de preocupación de nuestros ciudadanos. La ineficacia y mal funcionamiento histórico del sistema de seguridad pública ha tenido como consecuencia el desarrollo de empresas y sistemas privados, que han adquirido una dimensión equiparable al de las policías estatales. Con mucho facilismo y bastante de ideología, muchos atribuyen a la pobreza ser la causa primera de la comisión de delitos. '''La razón principal de la criminalidad, la madre del delito, es la impunidad.''' - Es decir que es tan baja la probabilidad de quedar detenido y ser condenado que el malviviente opta por delinquir sin los temores que le produciría la aplicación estricta y efectiva de la legislación represiva. - Sintéticamente, la prevención general que lleva consigo el llamado a todos a no cometer hechos ilícitos, en la práctica ha desaparecido por aquella conceptualización. Al afirmar que la responsabilidad del origen del delito es mayormente social por el estado de marginalidad surge la creencia de que el Estado no debe imponer cárcel a los delincuentes (ni siquiera a los peligrosos y mucho menos a quienes incurren en hechos “meramente” contravencionales).
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El régimen procesal dispuesto para el juzgamiento de delitos con pena hasta tres años de prisión prácticamente se destruyó pues se le dio competencia a los jueces en tal medida, que hoy cada magistrado debe juzgar entre cuatro o cinco mil causas, lo cual es lo mismo que la paralización de muchísimos procesos” (Fuente: Roberto Durrieu, Apuntes sobre Valores y Libertad en el Derecho Penal).
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Así, poco a poco hasta 2015, se fueron aflojando los resortes del sistema penal: la prevención policial -deficiente en calidad, medios y número- a la que se confundía en su accionar por calificárselo peyorativamente como represivo; y la que, como anticipamos, deberían concretar los jueces, pero que se desdibuja con el establecimiento de institutos mal regulados y mal aplicados como la suspensión del juicio a prueba (probation); la ampliación del margen de otorgamiento de la condena condicional (de dos años de prisión a tres); el juicio abreviado; la mediación; excarcelaciones y exenciones de prisión, como solturas temporarias bajo controles que no son tales, realmente muy laxas y que no miraban la peligrosidad del imputado ni su reiteración delictiva sino la simple posibilidad de fuga y el eventual entorpecimiento del procedimiento judicial.
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Asimismo, hemos visto con más intensidad el debilitamiento progresivo que padece la sociedad en sus principios y valores morales. La corrupción con evidencias más que notorias, no parece ser tenida en cuenta por una parte importante de la ciudadanía que está dispuesta a apoyar políticamente a quienes delinquieron. Un párrafo aparte merece la mala y excesiva legislación. Es decir, lo que '''Héctor A. Mairal denomina ''“Las raíces legales de la corrupción. O de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla”''.'''
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Es imprescindible superar el estado de descrédito y descalificación de la policía. El sistema penitenciario está colapsado, lo que se revela en las frecuentes revueltas de los internos y en los reclamos sobre sus condiciones carcelarias. También se evidencia en las comisarías abarrotadas de detenidos, desnaturalizando las funciones de esas unidades e incurriendo en verdaderas violaciones a los derechos humanos por hacinamiento. Esta es una responsabilidad política; no policial ni judicial.
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La tarea llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad de la Nación desde la asunción de la nueva administración en 2019, ha sido cuestionable, debe perfeccionarse y continuarse con la adopción de un plan estratégico que involucre a todos los componentes y provincias, en un contexto de fuerte compromiso político, social e institucional. Es posible mejorar notablemente la seguridad. Solamente es necesario tener la voluntad política de hacerlo dándole a esta cuestión de Estado la prioridad que realmente le corresponde en nuestra Constitución y en el reclamo ciudadano. La política de seguridad pública se debe asentar sobre cinco ejes principales:
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# Compromiso social y político.  Debe sostenerse el principio de autoridad, para lo cual es necesario un consenso básico que legitime las acciones policiales y judiciales tendientes a dicha restauración.
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# Optimización de los recursos asignados. En el marco de las restricciones presupuestarias existentes debe procurarse una mayor eficiencia en la utilización de los recursos ya que no sólo existen problemas de ineficacia, es decir bajo cumplimiento de los objetivos, sino que además hay evidencias de altos costos de prestación de los servicios correspondientes.
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# Adecuación de la legislación y reforma del sistema penal. Consideramos que la inseguridad debe combatirse sobre la base del fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema penal. La base de la solución pasa por poner en funcionamiento las medidas necesarias en forma simultánea en especial los de materia legislativa y procesal.
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# Fortalecimiento de los recursos humanos. El cambio estructural de la función seguridad debe abordar el esfuerzo de inversión de más lenta maduración que es la que se realiza en capital humano. En la función policial incluye la capacitación profesional, política salarial, atención de la familia, régimen de retiro y otros.
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# Auditoría y control de gestión policial. Abarca los aspectos económicos o administrativos y también los operativos, asegurando que los recursos se usen eficientemente y que la calidad de la prestación se adecue a las necesidades de la comunidad, previniendo la corrupción y los abusos y castigando en forma adecuada los desvíos que se detecten en tales materias.
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== Propuesta para una política de defensa en la Argentina ==
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En esta propuesta, se consideran conceptos como el de Seguridad ampliado, que incluye la Defensa. Se tienen en cuenta el posicionamiento de la Argentina en el marco internacional y los criterios predominantes sobre el rol del sector privado en una industria de la Defensa en el Siglo XXI. Hay áreas donde la Argentina tiene fuertes ventajas competitivas. Exponemos una aproximación a la gestión del cambio y la construcción de una visión consensuada como modelo aspiracional de nuestras Fuerzas Armadas.
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La situación actual de un cuasi desmantelamiento del aparato defensivo y los rápidos avances en las tecnologías exponenciales representan una oportunidad para un salto cualitativo y operativo que logre una acelerada y continua recuperación de las capacidades necesarias para enfrentar los nuevos desafíos.
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Aquellas organizaciones que incluyen como atributos la capacidad de explorar, aprender del error y abrazar los nuevos conceptos, y que puedan planificar sus acciones en este nuevo marco, prevalecerán sobre las que se limiten a planificar cambios lineales, que producirán resultados positivos, aunque mediocres, frente a las que asuman el desafío de cambiar las reglas de juego buscando un cambio exponencial.
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La situación de nuestras FFAA se caracteriza por la falta de dirección, obsolescencia del material y equipos con un deterioro general de sus capacidades operativas, con recursos presupuestarios orientados a gastos esenciales operativos y ausencia de una visión transformadora alineada con un futuro de excelencia. Esta misma situación constituye una oportunidad, ya que la incorporación de nuevas tecnologías y equipamiento puede resolver brechas significativas con soluciones de acuerdo al estado del arte, sin condicionamientos derivados del equipamiento actual.
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Consideramos la Defensa dentro del concepto ampliado de Seguridad, que tiene como objetivo la protección de la libertad de los habitantes, el aseguramiento de la soberanía y el progreso como Nación.
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La Argentina tiene asimismo la posibilidad de dar un nuevo impulso a la industria de la Defensa, saliendo del modelo tradicional de autoabastecimiento, haciéndolo con una interdependencia doméstica e internacional estratégicamente concebida, incorporando la innovación y la tecnología con aportes del sector privado. Se aprovechará así la ventaja competitiva de Argentina en este campo y se impulsará el progreso con el desarrollo y despliegue de tecnologías de punta.
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El posicionamiento regional e internacional será clave para lograr la modernización y efectividad de nuestra defensa y seguridad. Se deberá mantener una inserción compatible con los objetivos e intereses propios, que logre complementariedad y cooperación sin pérdida de capacidad individual. Nuestra diplomacia será la clave para dar consistencia a esta política y hacer previsibles nuestras acciones, reduciendo así las barreras de entrada para el acceso a nuevos equipamientos y tecnologías. El desarrollo de capacidades de respuesta ante eventos catastróficos, aumentando la resiliencia de nuestro país, es adicionalmente un área de cooperación regional.
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Dada la magnitud de la tarea de cambio a emprender, la estrategia natural es comenzar con casos líderes, que permitan concentrar una masa crítica de recursos altamente calificados en función de las prioridades y con el despliegue y utilización de nuevas tecnologías para el logro de soluciones innovadoras que aporten mejoras operativas medulares.
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La construcción de una visión compartida es el proceso que permite compartir valores, alinear los esfuerzos, transmitir objetivos, facilitar la comunicación y la interacción con los múltiples actores del proceso de transformación y proporcionar la motivación, una de las bases de la perseverancia en la acción emprendida.
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El sistema de defensa y seguridad que visualizamos tendrá las siguientes características:
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* Educación de calidad para el personal militar, retribuciones acordes a la especialización y adecuado sistema de salud para el personal y familia.
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* Capacitación rediseñada para enfrentar los nuevos desafíos y dar sustentabilidad al cambio, dando la más alta prioridad a la formación y desarrollo del capital humano.
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* Comando conjunto de las fuerzas a desplegar frente a la amenaza o agresión.
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* Inteligencia basada en el uso de redes y sistemas auxiliados por la inteligencia artificial.
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* Amplia coordinación entre las distintas agencias gubernamentales con participación en Defensa y Seguridad, en particular en el área de inteligencia criminal y de inteligencia estratégica militar, eventualmente rediseñando la organización.
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* Disponibilidad de armamentos, equipos, drones y comunicaciones, con inteligencia predictiva y en tiempo real trabajando en estrecha colaboración regional e internacional con naciones amigas.
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* Capacidad de transporte que permitan la movilidad táctica de grupos de élite de gran capacidad de respuesta en tiempos mínimos con capacidad de producir asimetrías inmediatas
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* Capacidad de rastreo continuo e intervención en nuestro mar y sistemas fluviales.
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* Espacio aéreo vigilado por radares y satélites que lo conviertan en seguro.
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* Apoyo logístico reducido, próximo a las unidades de combate.
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* Formación del personal para que pueda realizar y participar en operaciones de armas combinadas, conjuntas y combinadas (con otros países).
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* Integración/ fusión de las áreas de soporte para una mayor eficiencia en el uso de las nuevas tecnologías, tales Logística (incluyendo adquisiciones y manejo de inventarios); y otras funciones de apoyo de las acciones operativas que lo permitan.
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Muchos de estos conceptos son hoy realidad en fuerzas de países líderes y constituyen una visión aspiracional que desafía nuestra capacidad de gestión.
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Creemos con convicción que ese futuro es posible, que el despliegue de nuevas tecnologías permitirá el logro de objetivos de alto impacto y que el proceso de transformación así iniciado será sustentable, contribuyendo a una Argentina con seguridad, libertad y progreso.

Revisión actual del 01:00 30 ene 2021

UNI2 Argentina - Propuestas - Defensa y Seguridad

Ideas rectoras en materia de Seguridad

  • Director de Defensa y Seguridad Gustavo Semería

Introducción

La seguridad es un estado de bienestar indispensable para el desarrollo humano en plenitud. Entendida en el sentido amplio de seguridad humana es una necesidad prioritaria en la escala de valores sociales. Seguridad alimentaria, ambiental, jurídica, económica, sanitaria y ciudadana son piezas de un mismo conjunto. En última instancia, el concepto moderno de seguridad consagra una libertad fundamental: la libertad de vivir sin miedo bajo el imperio de la ley.

El estado nación surge como garante de la seguridad pública por medio del monopolio de la fuerza. Los individuos quedan así vedados de emplear la violencia para dirimir sus conflictos, salvo limitadas excepciones defensivas. El desafío de los estados modernos reside en armonizar las funciones del poder policial, entendido éste en su concepción de organización que hace respetar la ley en democracia conforme a los Principios de Peel, rectores de las policías modernas, con el respeto por las garantías que ponen límites a los excesos del estado para proteger a los inocentes frente a las arbitrariedades e injusticias. La responsabilidad del estado consiste en asegurar el libre goce de los derechos individuales, protegiendo la vida, la integridad física, la libertad y los bienes de las personas frente a los abusos, sea por parte de particulares o de funcionarios públicos. En la concepción liberal el estado debe concentrarse en sus cometidos indelegables y esenciales: seguridad, defensa, justicia y relaciones exteriores (subsidiariamente educación y salud). Un estado que abarca mucho, aprieta poco, y hace muchas cosas mal en lugar de hacer pocas cosas y bien. Se disipan recursos escasos en funciones no esenciales. Unidos propone que el estado cumpla eficazmente su función de Seguridad.

Unidos concibe a la Seguridad como un sistema compuesto por la actividad preventiva a cargo de las fuerzas de seguridad y policiales, la actividad judicial penal que juzga y condena, y la actividad de rehabilitación y reinserción social, en cabeza de los servicios penitenciarios y de los patronatos de liberados respectivamente. Estos componentes no pueden seguir operando en compartimentos estancos como hasta el presente. De nada sirve el esfuerzo que haga la policía si los aprehendidos son liberados inmediatamente, de nada sirve el esfuerzo de los juzgados si no hay cárceles adecuadas y en número suficiente para alojar a los detenidos, de nada servirá el esfuerzo si el servicio penitenciario no rehabilita a los desviados y a la postre todo este trabajo se verá frustrado si los rehabilitados no logran reinsertarse de manera pacífica y productiva en la sociedad.

Distinguimos al efecto tres planos de la seguridad:

El plano estratégico-político es el que se encuentra en cabeza de los poderes del estado. Estos deben sentar las bases de la sociedad a largo plazo. La estrategia requiere una visión de conjunto que integre los medios en pos de un objetivo. La seguridad se obtiene con el imperio de la civilización, la educación con valores, el trabajo, la producción y el mérito. En otras palabras, será necesario liberar las fuerzas morales y productivas de la nación para promover un desarrollo sostenido, con reglas claras y estables, que convierta nuevamente a la Argentina en una sociedad de extensa clase media en la que se erradique la pobreza y en la que las diferencias socioeconómicas no representen abismos. Hasta los años setenta el 80 % de los argentinos pertenecían a la clase media, en la actualidad ese porcentaje ha descendido a apenas el 35%. Hay una correlación entre tal descenso socioeconómico y el aumento de la inseguridad. La política no ha dado soluciones, sino que ha agravado el problema. Es necesario atacar las causas de la inseguridad al mismo tiempo que las consecuencias. Ambas cosas con la misma fuerza y decisión.

Plano Operativo

El plano operativo. Mientras se logran los objetivos de largo plazo es necesario operar sobre la realidad actual. El nivel operativo es el que está en manos de las autoridades de la burocracia estatal: diseñan la política criminal y dirigen su ejecución. Aquí la coordinación del sistema cobra relevancia. La principal misión de la policía es la prevención para anticiparse a la ocurrencia del delito. Para ello es fundamental la actividad de inteligencia y de investigación criminal, y ello en interacción con las autoridades a nivel local, los intendentes y referentes de la sociedad civil, las escuelas, los hospitales, los lideres barriales, es decir, con quienes conocen el territorio y pueden detectar a tiempo fenómenos como la deserción escolar, el tráfico y distribución de estupefacientes, la formación de pandillas, la violencia de género, los conflictos familiares, entre otros fenómenos criminógenos. Ocurrido el delito la policía debe actuar, sin hesitación, con la fuerza necesaria para hacerlo cesar. Frente a la dicotomía entre mano dura y mano blanda, Unidos propone la mano profesional. Ante la flagrancia la policía no puede ampararse en el temor a ser librada a su suerte si algo sale mal. El estado debe brindar un claro respaldo a la actuación policial, sin ambigüedades ni vaivenes. Para reducir al mínimo la ocurrencia de errores y malas prácticas el personal debe tener una capacitación adecuada y un entrenamiento intensivo. La profesión policial es vocacional y de riesgo, en consecuencia debe ser reconocida y bien remunerada por la sociedad. Ser policía debe ser un honor y un motivo de altísimo prestigio. La policía debe ser instruida en el respeto a la dignidad humana, los derechos individuales y las garantías procesales, bajo el criterio rector de la protección de las personas inocentes y de las víctimas. La amenaza penal cumple su función preventiva cuando es clara y entendible al más bajo nivel. La persecución del delito debe ser eficaz, pero la fuerza física estatal se detiene cuando el delito ha cesado. Los excesos deben ser sancionados y los buenos procederes premiados, incluso con ascensos. La tasa de aprehensión es de máxima relevancia al efecto de prevenir y disuadir al potencial delincuente. Por su parte la actividad represiva es importante, y debe ser llevada a cabo de manera profesional. El policía también debe ser un componedor, un agente de respeto y confianza pública. La fuerza debe ser la última ratio del estado, pero cuando se la emplea no debe fallar, ni en oportunidad ni en dosis, debiendo ser proporcional y gradual. La proporción no implica paridad, sino el grado necesario para detener a la fuerza delictiva. Sin confianza pública no habrá resultados, razón por la cual ha de ser tarea prioritaria reconstruir la relación con el vecino, para integrar a los particulares al sistema de seguridad.

Resulta inadmisible que los policías deban comprar sus uniformes, sus chalecos antibalas, y hasta las balas con las que deberán defenderse. Eso debe cambiar desde el momento en que Unidos acceda al poder, y hasta entonces, nuestros legisladores en todos los niveles se comprometen a impulsar las normas necesarias para que se termine con tan denigrante costumbre.

En la Argentina se cometen alrededor de 3,2 millones de delitos al año, de ellos la mitad aproximadamente son denunciados y la otra mitad forman parte de la llamada “cifra negra del delito”, hechos que por diversas razones no se denuncian. El poder judicial emite alrededor de 35.000 sentencias penales al año, es decir que apenas un uno por ciento de los delitos arriban a condena, de las cuales sólo unas 20.000 son de cumplimiento efectivo. Así, más importante que la amenaza cuantitativa de la pena resulta la efectividad de su cumplimiento. El delincuente sólo se verá disuadido si sabe que las chances de ser capturado y condenado son elevadas.

En cuanto al delito complejo y el crimen organizado Unidos entiende que el estado debe echar mano de todos los recursos disponibles, incluso de las fuerzas armadas, las que deberán apoyar e incluso intervenir con sus elementos de combate cuando las fuerzas de seguridad se vean desbordadas y cuando el Poder Ejecutivo, responsable final de la seguridad, lo considere necesario para garantizar el orden público. Ello sin la necesidad de declarar el estado de sitio, como ocurre actualmente. A tal fin será necesario modificar las normas que resulten hoy anacrónicas frente a las nuevas modalidades delictivas. El crimen organizado pone en jaque al poder del estado y por lo tanto representa una amenaza de envergadura que en ocasiones puede ser de orden militar. Se debe impedir que organizaciones criminales del exterior que son corridas por las fuerzas policiales y militares de otros estados encuentren un campo orégano en nuestro país. Este fenómeno que ha dado comienzo debe ser neutralizado inmediatamente. El narcotráfico, el terrorismo, los ciberdelitos, la trata de personas y las tomas de tierras serán perseguidos con todo el peso de la ley.

La actividad preventiva debe reforzarse en términos de capacitación humana, en métodos científicos y medios tecnológicos. Mejorar los planes de carrera, la remuneración, el prestigio social y elevar el nivel de selección en el reclutamiento es clave para asegurar que la policía estará un paso adelante del delito. Los procesos judiciales deberán agilizarse, evitando así las prisiones preventivas excesivas y asegurando la pronta administración de justicia. Las cárceles deben ser sanas y limpias conforme manda la constitución para servir al fin para el cual fueron creadas: aislar a los individuos que han quebrantado normas penales para lograr su reinserción mediante un tratamiento que modifique su conducta. Para ello será necesario invertir en las prisiones, no sólo para beneficio de los reos, sino para beneficio de la sociedad toda, puesto que nada se gana con empeorar al delincuente. La sentencia de Dostoievski mantiene vigencia: “el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.

Plano Táctico

El plano táctico. Es de las acciones concretas de los agentes de la ley y el orden en el terreno. Para Unidos ello se orienta en:

  1. Diseñar e implementar políticas y planes de seguridad basados en evidencia científica que genere información de calidad para la toma de decisiones, de manera que se apliquen programas adecuados a cada territorio y modalidad delictiva que resulten sostenibles en el tiempo. Se debe evaluar la situación de cada provincia, municipio y barrio mediante el análisis delictivo, estadístico, el empleo de tecnología de la información y la participación ciudadana (vecinos, escuelas, hospitales, organizaciones no gubernamentales, etc.).
  2. Evaluar la aplicación de esas políticas y planes y los resultados que producen en cada provincia, municipio, barrio y comunidad para asegurar que son eficaces (solucionan los problemas de orden y seguridad) y eficientes (los recursos que provee la comunidad a través de sus impuestos se usan en la solución práctica de los problemas de seguridad).
  3. En este marco, se emplearán herramientas de disuasión tales como la intensificación del patrullaje a pie y en vehículos, la video vigilancia, la implementación de centros de emergencia, comando y control modernos. En materia de prevención se alentará la participación ciudadana y de organizaciones no gubernamentales en la definición de problemas locales de seguridad y en la evaluación del impacto de los planes implementados en la comunidad. Se aplicará la normativa de faltas y contravenciones propias de cada jurisdicción, programas de policía comunitaria, de resolución de problemas específicos (problem solving), de atención de áreas críticas (hot spots), de mejora del espacio público e integración urbana, de respuesta rápida a la protección de personas de grupos vulnerables (mujeres, niños, ancianos, etc.) y de mediación y conciliación ciudadana.
  4. En lo atinente a la represión del delito se potenciarán las capacidades de investigación criminal y técnico-científicas de las policías de provincia a través de la cooperación con las Fuerzas Federales de Seguridad y Policiales (FFSS/PP). Estas también contribuirán a la capacitación profesional de los agentes provinciales.
  5. En el plano nacional, se fortalecerán las competencias de las FFSS/PP como Auxiliares de la Justicia Federal y en el cumplimiento de sus respectivas misiones de protección de fronteras terrestres, marítimas, fluviales, aeroportuarias, de objetivos e infraestructura estratégica nacional, de rutas y corredores ferroviales. También se reforzarán las capacidades en materia de investigación criminal, cooperación policial interna e internacional y de seguridad de las instituciones establecidas por la Constitución Nacional.

Legítima defensa:

La defensa del domicilio, del establecimiento comercial, profesional, industrial o rural siempre debe ser considerada legítima, sea que la agresión se produzca en horas nocturnas o diurnas, con o sin violencia en las cosas. A tal respecto el código penal ha quedado fuera de tiempo frente a la ola de violencia actual. Ante la ineficacia del estado como garante de la seguridad se refuerza inevitablemente la defensa propia. Unidos propone ampliar el alcance de la justificación y la exculpación del defensor atendiendo no sólo a la proporcionalidad y razonabilidad del medio empleado sino a las condiciones particulares del acto delictivo. El estado de conmoción y grave perturbación que el ataque provoca en la persona del agredido debe ser sopesado adecuadamente a favor de la víctima.

Tenencia y portación de armas:

Las armas en manos de los civiles honestos representan una doble garantía a la seguridad. Por un lado como amenaza permanente a los tiranos, advirtiéndolos de que el pueblo estará en capacidad de defender sus libertades, y por otro lado como garantía de la legítima defensa frente al delito. La legislación y regulación de la tenencia y portación de armas ha sido indebidamente conculcada por el estado nacional, pasando de ser un derecho a un permiso estatal, y siendo que en realidad se trata un poder no delegado que las provincias han reservado para sí. Devolver este poder a las provincias permitirá un adecuado tratamiento conforme a las necesidades y costumbres locales. La tenencia de armas para defensa del domicilio y del establecimiento laboral debe flexibilizarse, respetando los requisitos de idoneidad, pero evitando que por vía reglamentaria se conculque un derecho constitucional, como ocurre en la actualidad. La portación de armas es un derecho que debidamente regulado, con las aptitudes y destrezas necesarias por parte del usuario, debe garantizar el estado a los particulares. A tal efecto Unidos propone el estudio y evaluación de pruebas piloto en localidades menores, a fin de extender de manera progresiva la flexibilización de la portación de armas.

Propuesta de Política de Seguridad

El hombre debe ser entendido como un ser que se distingue por su inteligencia y su voluntad, que le otorgan la capacidad de elegir entre diferentes opciones. El hombre es libre, sin importar su formación o situación social, y por lo tanto responsable de sus actos. Si bien es cierto que la seguridad y la libertad son fuerzas que pueden aparecer como opuestas, creemos que son fuerzas confluentes por cuanto ambas contribuyen a que se den las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vida, el ejercicio de la libertad y la protección de los derechos de propiedad.

Así, las sociedades modernas han resignado el ejercicio de la violencia individual como medio de resolución de sus conflictos delegando al Estado el monopolio del uso legítimo de la fuerza. La provisión de seguridad es un servicio público para el establecimiento de la ley y la administración de la justicia. El Estado aparece como una institución que debe defender, y al mismo tiempo permitir, el desarrollo de una sociedad libre y tiene dos modos de ejercer sus funciones en este punto. Una faz activa que es la de defender los derechos de los ciudadanos respecto de los delitos de otros ciudadanos, y una faz pasiva que consiste en abstenerse de avanzar sobre cuestiones que deben quedar reservadas a la libre voluntad de las personas. Son fundamentales las garantías establecidas en la Constitución Nacional respecto de la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. En este proceso debe aplicar no sólo la fuerza de la ley, sino toda la inteligencia de una moderna gestión de prevención de los delitos, tomando ejemplo de las acciones desarrolladas por otras sociedades que han vencido a la inseguridad.

El desafío de garantizar la seguridad pública no admite demoras. Los efectos nocivos de la inseguridad se trasladan a toda la sociedad, aun cuando muchos ciudadanos no sean víctimas directas de un delito. La inseguridad deriva en costos que afectan no sólo la vida diaria de las personas, sino también la actividad económica y con ello a las oportunidades de desarrollo y crecimiento de la Nación. En las últimas décadas se ha producido un creciente desbalance y error en la propia idea de la seguridad.

Consideramos que debe haber un digesto de leyes y normas suficientemente claras para que permitan que el ciudadano conozca exactamente cuáles son las consecuencias de sus acciones. De la misma forma las leyes deben aplicarse sin tergiversaciones y deben impulsarse con celeridad los procesos judiciales. En todos los casos el objetivo es enfrentar al ciudadano claramente con el costo de infringir las normas, y al mismo tiempo reconocerle la mayor libertad posible y la menor intervención del Estado.

Se ha popularizado el enfoque de Gary Becker, del crimen y castigo subsiguiente. Para ponerlo en términos sencillos, cuánto más improbable sea que un delincuente cumpla efectivamente con una pena determinada, sea esta punitiva, retributiva o ejemplificadora, menos costoso será delinquir y, por ende, más probable que lo utilice como medio de vida. La cadena de eventos que debe sucederse exitosamente para que un delincuente pague el precio de su ilegalidad contiene eslabones clave como: - Aprehensión. - Juzgamiento. - Condena. - Cumplimiento efectivo de la condena, en tiempo y forma.

Una primera cuestión que en esta materia debe quedar categóricamente establecida es la obligación que tiene el gobierno de respetar y hacer respetar el estado de derecho y el orden público. No es ocioso enfatizar esta cuestión en un país como la Argentina, que más de una vez se ha deslizado peligrosamente en el límite de la anarquía, sin que el Estado pudiera asumir en plenitud su responsabilidad de poner en resguardo la vida ni la propiedad de los ciudadanos. No es aceptable resignar el estado de derecho en función del falso postulado que no se debe criminalizar la protesta social.

La seguridad pública tiene una diversidad de facetas propias de su ámbito y de interrelaciones con la administración del Estado. Su complejidad hace imposible que unas pocas acciones resuelvan los problemas que se presentan. Es la resultante de funciones que deben realizarse en conjunto y coordinadamente; ellas son: - La función policial, incluyendo el sistema de inteligencia. - La justicia penal. - La justicia procesal penal. - El sistema penitenciario. - La cooperación inter policial dentro y fuera de las fronteras. - La seguridad privada- La participación ciudadana.

Las encuestas indican a la inseguridad como uno de los primeros temas de preocupación de nuestros ciudadanos. La ineficacia y mal funcionamiento histórico del sistema de seguridad pública ha tenido como consecuencia el desarrollo de empresas y sistemas privados, que han adquirido una dimensión equiparable al de las policías estatales. Con mucho facilismo y bastante de ideología, muchos atribuyen a la pobreza ser la causa primera de la comisión de delitos. La razón principal de la criminalidad, la madre del delito, es la impunidad. - Es decir que es tan baja la probabilidad de quedar detenido y ser condenado que el malviviente opta por delinquir sin los temores que le produciría la aplicación estricta y efectiva de la legislación represiva. - Sintéticamente, la prevención general que lleva consigo el llamado a todos a no cometer hechos ilícitos, en la práctica ha desaparecido por aquella conceptualización. Al afirmar que la responsabilidad del origen del delito es mayormente social por el estado de marginalidad surge la creencia de que el Estado no debe imponer cárcel a los delincuentes (ni siquiera a los peligrosos y mucho menos a quienes incurren en hechos “meramente” contravencionales).

El régimen procesal dispuesto para el juzgamiento de delitos con pena hasta tres años de prisión prácticamente se destruyó pues se le dio competencia a los jueces en tal medida, que hoy cada magistrado debe juzgar entre cuatro o cinco mil causas, lo cual es lo mismo que la paralización de muchísimos procesos” (Fuente: Roberto Durrieu, Apuntes sobre Valores y Libertad en el Derecho Penal).

Así, poco a poco hasta 2015, se fueron aflojando los resortes del sistema penal: la prevención policial -deficiente en calidad, medios y número- a la que se confundía en su accionar por calificárselo peyorativamente como represivo; y la que, como anticipamos, deberían concretar los jueces, pero que se desdibuja con el establecimiento de institutos mal regulados y mal aplicados como la suspensión del juicio a prueba (probation); la ampliación del margen de otorgamiento de la condena condicional (de dos años de prisión a tres); el juicio abreviado; la mediación; excarcelaciones y exenciones de prisión, como solturas temporarias bajo controles que no son tales, realmente muy laxas y que no miraban la peligrosidad del imputado ni su reiteración delictiva sino la simple posibilidad de fuga y el eventual entorpecimiento del procedimiento judicial.

Asimismo, hemos visto con más intensidad el debilitamiento progresivo que padece la sociedad en sus principios y valores morales. La corrupción con evidencias más que notorias, no parece ser tenida en cuenta por una parte importante de la ciudadanía que está dispuesta a apoyar políticamente a quienes delinquieron. Un párrafo aparte merece la mala y excesiva legislación. Es decir, lo que Héctor A. Mairal denomina “Las raíces legales de la corrupción. O de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla”.

Es imprescindible superar el estado de descrédito y descalificación de la policía. El sistema penitenciario está colapsado, lo que se revela en las frecuentes revueltas de los internos y en los reclamos sobre sus condiciones carcelarias. También se evidencia en las comisarías abarrotadas de detenidos, desnaturalizando las funciones de esas unidades e incurriendo en verdaderas violaciones a los derechos humanos por hacinamiento. Esta es una responsabilidad política; no policial ni judicial.

La tarea llevada a cabo por el Ministerio de Seguridad de la Nación desde la asunción de la nueva administración en 2019, ha sido cuestionable, debe perfeccionarse y continuarse con la adopción de un plan estratégico que involucre a todos los componentes y provincias, en un contexto de fuerte compromiso político, social e institucional. Es posible mejorar notablemente la seguridad. Solamente es necesario tener la voluntad política de hacerlo dándole a esta cuestión de Estado la prioridad que realmente le corresponde en nuestra Constitución y en el reclamo ciudadano. La política de seguridad pública se debe asentar sobre cinco ejes principales:

  1. Compromiso social y político.  Debe sostenerse el principio de autoridad, para lo cual es necesario un consenso básico que legitime las acciones policiales y judiciales tendientes a dicha restauración.
  2. Optimización de los recursos asignados. En el marco de las restricciones presupuestarias existentes debe procurarse una mayor eficiencia en la utilización de los recursos ya que no sólo existen problemas de ineficacia, es decir bajo cumplimiento de los objetivos, sino que además hay evidencias de altos costos de prestación de los servicios correspondientes.
  3. Adecuación de la legislación y reforma del sistema penal. Consideramos que la inseguridad debe combatirse sobre la base del fortalecimiento y perfeccionamiento del sistema penal. La base de la solución pasa por poner en funcionamiento las medidas necesarias en forma simultánea en especial los de materia legislativa y procesal.
  4. Fortalecimiento de los recursos humanos. El cambio estructural de la función seguridad debe abordar el esfuerzo de inversión de más lenta maduración que es la que se realiza en capital humano. En la función policial incluye la capacitación profesional, política salarial, atención de la familia, régimen de retiro y otros.
  5. Auditoría y control de gestión policial. Abarca los aspectos económicos o administrativos y también los operativos, asegurando que los recursos se usen eficientemente y que la calidad de la prestación se adecue a las necesidades de la comunidad, previniendo la corrupción y los abusos y castigando en forma adecuada los desvíos que se detecten en tales materias.

Propuesta para una política de defensa en la Argentina

En esta propuesta, se consideran conceptos como el de Seguridad ampliado, que incluye la Defensa. Se tienen en cuenta el posicionamiento de la Argentina en el marco internacional y los criterios predominantes sobre el rol del sector privado en una industria de la Defensa en el Siglo XXI. Hay áreas donde la Argentina tiene fuertes ventajas competitivas. Exponemos una aproximación a la gestión del cambio y la construcción de una visión consensuada como modelo aspiracional de nuestras Fuerzas Armadas.

La situación actual de un cuasi desmantelamiento del aparato defensivo y los rápidos avances en las tecnologías exponenciales representan una oportunidad para un salto cualitativo y operativo que logre una acelerada y continua recuperación de las capacidades necesarias para enfrentar los nuevos desafíos.

Aquellas organizaciones que incluyen como atributos la capacidad de explorar, aprender del error y abrazar los nuevos conceptos, y que puedan planificar sus acciones en este nuevo marco, prevalecerán sobre las que se limiten a planificar cambios lineales, que producirán resultados positivos, aunque mediocres, frente a las que asuman el desafío de cambiar las reglas de juego buscando un cambio exponencial.

La situación de nuestras FFAA se caracteriza por la falta de dirección, obsolescencia del material y equipos con un deterioro general de sus capacidades operativas, con recursos presupuestarios orientados a gastos esenciales operativos y ausencia de una visión transformadora alineada con un futuro de excelencia. Esta misma situación constituye una oportunidad, ya que la incorporación de nuevas tecnologías y equipamiento puede resolver brechas significativas con soluciones de acuerdo al estado del arte, sin condicionamientos derivados del equipamiento actual.

Consideramos la Defensa dentro del concepto ampliado de Seguridad, que tiene como objetivo la protección de la libertad de los habitantes, el aseguramiento de la soberanía y el progreso como Nación.

La Argentina tiene asimismo la posibilidad de dar un nuevo impulso a la industria de la Defensa, saliendo del modelo tradicional de autoabastecimiento, haciéndolo con una interdependencia doméstica e internacional estratégicamente concebida, incorporando la innovación y la tecnología con aportes del sector privado. Se aprovechará así la ventaja competitiva de Argentina en este campo y se impulsará el progreso con el desarrollo y despliegue de tecnologías de punta.

El posicionamiento regional e internacional será clave para lograr la modernización y efectividad de nuestra defensa y seguridad. Se deberá mantener una inserción compatible con los objetivos e intereses propios, que logre complementariedad y cooperación sin pérdida de capacidad individual. Nuestra diplomacia será la clave para dar consistencia a esta política y hacer previsibles nuestras acciones, reduciendo así las barreras de entrada para el acceso a nuevos equipamientos y tecnologías. El desarrollo de capacidades de respuesta ante eventos catastróficos, aumentando la resiliencia de nuestro país, es adicionalmente un área de cooperación regional.

Dada la magnitud de la tarea de cambio a emprender, la estrategia natural es comenzar con casos líderes, que permitan concentrar una masa crítica de recursos altamente calificados en función de las prioridades y con el despliegue y utilización de nuevas tecnologías para el logro de soluciones innovadoras que aporten mejoras operativas medulares.

La construcción de una visión compartida es el proceso que permite compartir valores, alinear los esfuerzos, transmitir objetivos, facilitar la comunicación y la interacción con los múltiples actores del proceso de transformación y proporcionar la motivación, una de las bases de la perseverancia en la acción emprendida.

El sistema de defensa y seguridad que visualizamos tendrá las siguientes características:

  • Educación de calidad para el personal militar, retribuciones acordes a la especialización y adecuado sistema de salud para el personal y familia.
  • Capacitación rediseñada para enfrentar los nuevos desafíos y dar sustentabilidad al cambio, dando la más alta prioridad a la formación y desarrollo del capital humano.
  • Comando conjunto de las fuerzas a desplegar frente a la amenaza o agresión.
  • Inteligencia basada en el uso de redes y sistemas auxiliados por la inteligencia artificial.
  • Amplia coordinación entre las distintas agencias gubernamentales con participación en Defensa y Seguridad, en particular en el área de inteligencia criminal y de inteligencia estratégica militar, eventualmente rediseñando la organización.
  • Disponibilidad de armamentos, equipos, drones y comunicaciones, con inteligencia predictiva y en tiempo real trabajando en estrecha colaboración regional e internacional con naciones amigas.
  • Capacidad de transporte que permitan la movilidad táctica de grupos de élite de gran capacidad de respuesta en tiempos mínimos con capacidad de producir asimetrías inmediatas
  • Capacidad de rastreo continuo e intervención en nuestro mar y sistemas fluviales.
  • Espacio aéreo vigilado por radares y satélites que lo conviertan en seguro.
  • Apoyo logístico reducido, próximo a las unidades de combate.
  • Formación del personal para que pueda realizar y participar en operaciones de armas combinadas, conjuntas y combinadas (con otros países).
  • Integración/ fusión de las áreas de soporte para una mayor eficiencia en el uso de las nuevas tecnologías, tales Logística (incluyendo adquisiciones y manejo de inventarios); y otras funciones de apoyo de las acciones operativas que lo permitan.


Muchos de estos conceptos son hoy realidad en fuerzas de países líderes y constituyen una visión aspiracional que desafía nuestra capacidad de gestión.

Creemos con convicción que ese futuro es posible, que el despliegue de nuevas tecnologías permitirá el logro de objetivos de alto impacto y que el proceso de transformación así iniciado será sustentable, contribuyendo a una Argentina con seguridad, libertad y progreso.