Justicia:

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Propuestas para el desarrollo de una justicia independiente que permita crecer en libertad.

El Poder Judicial tiene una importancia supina en el desarrollo de un país, ya que es esa institución la que debe brindar seguridad jurídica y protección a los ciudadanos y a las inversiones. Para eso, el Poder Judicial debe ser verdaderamente independiente. El Poder Judicial debe ser la garantía para la subsistencia del Estado de Derecho, pues es el encargado de controlar que el poder se ejerza de acuerdo a las reglas preestablecidas y que los derechos se respeten. Es un guardián calificado gobierno republicano y federal. Es fundamental, para que el Poder Judicial pueda alcanzar sus objetivos específicos, que los habitantes del país confíen y respeten esa institución.

El sistema judicial debe ser:

Independiente e imparcial Eficiente y Probo Integro y Honesto Transparente y Responsable Reservado y Apartidiario

El Poder Judicial da estabilidad institucional. El Poder Judicial no cambia con cada elección. La pertenencia es por mérito y no por afinidades ideológicas. El Poder Judicial solo responde a la Constitución y a las leyes que se dicten respetando sus principios. Constituyen cambios idneseados en la justicia cuando se realizan con el único objetivo de: modificar la estructura, organización y los procedimientos; desplazar magistrados o sustituirlos en forma masiva; sumar jueces en la Corte Suprema, o crear nuevos Juzgados sin la pertinente designación de nuevos jueces.

Debe preocuparnos:

La ausencia de transparencia y participación de las instituciones especializadas en justicia en toda reforma judicial que se realice. La intención de un gobierno de promover reformas al sistema de justicia que estén enfocadas en favorecer a personas que se encuentren bajo proceso judicial. La persecución de la disidencia y de la libertad de expresión, conducta que disminuye el espacio de los derechos individuales. Que la reforma del sistema judicial este encaminada a obtener la impunidad de funcionarios y ex funcionarios

Proponemos:

Fortalecer el rol de la Sociedad Civil dando participación a los actores especializados en temas de justicia asegurando un amplio espectro ideológico en la convocatoria. Transparentar las acciones de gobierno vinculadas con la justicia. Para ello, los funcionarios o asesores deben manifestar bajo juramento en sus intervenciones que no tienen beneficio ni interés, directo o indirecto, en las intervenciones que hagan o promuevan respecto a la Justicia. Que los funcionarios públicos y asesores se abstengan de tomar o participar en decisiones cuando tengan beneficios directos o indirectos de las decisiones, haciendo una declaración bajo juramento Asegurar que las decisiones de gobierno se tomen en base a criterios objetivos. Asegurar que las designaciones judiciales y el sistema de sanciones se encuentren aisladas del sistema partidista o de alianzas políticas.

¿Cómo garantizar la independencia del poder Judical?

La elección y remoción de magistrados: El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial.

Respetar el principio de “equilibrio” en la composición del Consejo de la Magistratura establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional. En ese sentido, debe equipararse la actual representación de los órganos políticos con la de los jueces y los abogados de modo que ninguno de esos estamentos tenga por sí solo capacidad para conformar quórum propio, mayoría para tomar decisiones o capacidad de bloqueo para la adopción de las mismas.

Restablecer la representación de la segunda minoría legislativa en el cuerpo (suprimida mediante la reforma de la Ley 26.080) de modo que los tres bloques legislativos mayoritarios tengan representatividad en el Consejo asegurando de ese modo la pluralidad de su integración con distintos sectores políticos. ESTO ES PARA PENSAR, A MI PERSONALMENTE ME GUSTARIA REDUCIR LA CANTIDAD DE CONSEJEROS.

Equilibrar asimismo la integración de las comisiones del Consejo de la Magistratura entre los estamentos representativos de los órganos políticos, jueces y abogados. En esa línea, incorporar la participación de los abogados (actualmente excluidos) en la Comisión de Selección y Escuela Judicial.

Restituir la participación de la Corte Suprema de Justicia en la integración del Consejo (suprimida mediante la ley 26.080), cumpliendo de ese modo con el artículo 114 de la Constitución que ordena la participación de representantes judiciales de todas las instancias.

Instituir la dedicación exclusiva funcional -con la salvedad de actividades académicas que no perturben la prestación del servicio- de todos los miembros consejeros, debiendo suspender durante su mandato el ejercicio de cualquier otra función pública o privada.

Equilibrar la composición del Jurado de Enjuiciamiento, eliminando la preponderancia del sector político. A ese respecto, adherimos a la postura de restablecer la composición que originariamente tuvo ese órgano conforme la Ley 24.937: 3 legisladores, 3 jueces y 3 abogados.

Reevaluar el actual mecanismo de integración del Jurado de Enjuiciamiento mediante elección por sorteo y para cada caso concreto. Coincidimos con quienes opinan que una integración de ese órgano con miembros permanentes podría aportar continuidad, previsibilidad y solidez jurisprudencial en las delicadas funciones de juzgamiento en la conducta de magistrados.

Inhabilitar para participar en los concursos de selección de magistrados y para ingresar en el Poder Judicial de la Nación en cualquier cargo que no sea dentro del Consejo de la Magistratura, a los miembros consejeros (en ejercicio y hasta cuatro años desde la finalización de su mandato), asesores, funcionarios y empleados del Consejo.

El proceso de selección de magistrados debe tener un plazo máximo de duración de un año. La selección de magistrados debe realizarse a través de concursos anticipados, independientemente de las vacantes que se vayan produciendo, teniendo el orden de mérito un plazo de vigencia determinado a los fines de cubrirlas.

Reformular el “Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes” Los exámenes deben tener una incidencia mayor en la calificación total del candidato. Y deben contemplar aspectos técnicos, funcionales, éticos, vocacionales, etc. Para lo cual debe contemplarse la posibilidad de crear Jurados diferenciados para cada uno de esos aspectos. Los exámenes deben ser mucho más exigentes y profundos. Los jurados -y por supuesto también los consejeros- deben estar a la altura de ese nivel de exigencia.

Otorgar relevancia caulitativa a la Escuela Judicial: La concurrencia y aprobación de los cursos de la Escuela Judicial será considerada como antecedente especialmente relevante en los concursos para la designación de magistrados y en la promoción de quienes forman parte de la carrera judicial, respecto de quienes se establecerá la valuación de los cursos realizados en la Escuela Judicial dentro de los antecedentes;

Disminuir la discrecionalidad en la evaluación de los antecedentes de los candidatos delegando esa función a los jurados (integrado para cada concurso en particular por jueces y profesores universitarios de derecho). Actualmente esa evaluación es realizada por la Comisión de Selección, lo que en la práctica puede restar objetividad al proceso y contribuir a la sospecha de cruzamiento de favores entre los consejeros para beneficiar a determinados candidatos.

Restablecer la obligación de contar con al menos quince años en el ejercicio de la profesión para actuar como jurado en un concurso. La reforma introducida por la ley 26.080 eliminó esa obligación que estaba contenida originalmente en la reglamentación de los concursos.

Prohibir expresamente y sancionar gravemente, con medidas funcionales e incluso económicas, el lobby directo o indirecto tendiente a influir en las decisiones de los consejeros o jurados. Establecer un sistema por el cual los exámenes sean absolutamente reservados, descalificando a cualquier candidato que pretenda conocer su contenido con anterioridad, sancionándoselo gravemente en su función o profesión, y exonerando y sancionando gravemente desde el punto de vista económico a cualquier empleado, asesor, consejero o jurado que hubiera anticipado en cualquier aspecto el contenido de un examen, sin perjuicio de promoverse activamente las responsabilidades penales que pudieran surgir por ese reprochable obrar. Ciertamente, seguir el mismo criterio de responsabilización y sanción económica y penal respecto de cualquier funcionario que pretenda influir en alguna causa judicial ofreciendo en forma directa o indirecta, explícita o tácita, algún tipo de apoyatura en la carrera judicial.

En el marco de las atribuciones del Consejo sobre la administración de los recursos del Poder Judicial, organizar procesos de control de gestión periódicos e inspección de tribunales inferiores y oficinas administrativas judiciales de manera de procurar que sus integrantes trabajen más y eficientemente. Asimismo, instaurar sistema de premios y castigos para magistrados, funcionarios y empleados en función de su productividad y la valoración objetiva de los usuarios de sus servicios.

Designar por concurso público de antecedentes y oposición al Administrador general del Poder Judicial de la Nación, al Secretario General del Consejo y a los titulares de los organismos auxiliares de ese cuerpo.

Reclutar mediante concurso público a los recursos humanos afectados a las oficinas auxiliares del Consejo con evaluación periódica de sus funciones y obligación de capacitación constante. El Consejo -en tanto órgano encargado de la organización y administración del Poder Judicial- debe procurar la captación y formación de administradores judiciales que no sólo sean graduados del derecho sino también de otras carreras relacionadas con la administración de recursos.

Introducir en el actual Reglamento de Disciplina y Acusación de magistrados medidas de protección de denunciantes y testigos, especialmente cuando éstos son empleados o funcionarios judiciales.

Reglamentar el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional a fin de que la selección por parte del Poder Ejecutivo del candidato propuesto por el Consejo y la posterior remisión del pliego al Senado para su acuerdo se efectúe en un plazo máximo razonable de 45 días. Vencido ese plazo, en caso de silencio, se considerará tácitamente aprobada la propuesta de designación que en primer término hubiese aconsejado el Consejo. Mismo plazo de 45 días cabe imponer a la manifestación de acuerdo del Senado y a la posterior designación formal del candidato.

Ejecución del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

Instar un acuerdo interpoderes para limitar lo recursos presentados por el Estado en determinados asuntos, como los previsionales.

Sanción de la ley de autonomía presupuestaria de los poderes judiciales nacional y provinciales, lo que implica fortalecer su independencia frente a los otros poderes del Estado, como está establecido en todos los poderes judiciales de la región –Estados Unidos, Brasil, Chile-. Ello, bajo la aplicación de criterios de responsabilidad fiscal en la gestión presupuestaria.


Reformular los recursos humanos y tecnológicos del Poder Judicial. Desburocratización.

Recursos humanos del Poder Judicial y los auxiliares externos. Los recursos humanos del Poder Judicial deben ser seleccionados en función de su vocación de servicio, compromiso con la tarea desarrollada, sentido de pertenencia, honestidad, idoneidad, contracción al trabajo y capacitación técnica. Todos los cargos deben ser por concurso de oposición y antecedentes. Proponemos la elaboración de listados para todas las categorías, como existen en la fecha, pero elaborados con exámenes mucho más profundos. La capacitación constante debe ser ponderada muy especialmente. Las evaluaciones deben ser trescientos sesenta grados y confidenciales, según las prácticas más modernas en cuanto a la evaluación de los recursos humanos.

Completar la digitalización de los expedientes mediante la aplicación de firma digital. Todos los procedimientos deben agilizarse si se tiene en vista que la finalidad del servicio de justicia debe ser la máxima efectividad posible en la solución de conflictos en tiempo, costo y calidad. Es fundamental acelerar todas las medidas que conducen a la conformación del expediente digital. La interconexión informática con firma digital debe generalizarse dentro del Poder Judicial, entre éste y los Poderes Judiciales provinciales, entre todos ellos y las dependencias públicas de los poderes políticos a las que se deben requerir informes (registros de propiedad, direcciones de personas jurídicas, registro de antecedentes penales, etc.). Todas las empresas contratsitas del Estado, ONG e instituciones públicas o mixtas, deben posee domicilio electrónico de modo tal de interactuar con el Poder Judicial a través de su servidor informático. A las restantes personas se les notificará las resoluciones judiciales que sea de su interés a través del domicilio fiscal registrado en la AFIP. Reforma del Art 73 CPCCN para que se presuma válido el domicilio del DNI.

Desburocratización de los procesos. El Poder Judicial debe establecer oficinas centralizadas de informes, abandonando progresivamente el concepto centenario de las mesas de entradas de los tribunales; debe establecer oficinas centralizadas de servicios (remisión de piezas escritas y recepción y distribución interna); debe establecer plantas de personal que brinden servicios a varios jueces a la vez; comunicaciones centralizadas; eliminación del secretario privado; cuerpos profesionales que constantemente hagan diligencias judiciales en el campo en el que se han producido los conflictos para tomar conocimiento directo y real de lo sucedido; amplias facultades de indagación y medios para poder concretarlo. Es menester, en definitiva, repensar todos los procesos legales, basándose en la oralidad, inmediación de los tribunales y en la focalización de los recursos en las tareas sustantivas, con una fuerte reducción del tiempo que insume la tarea burocrática inútil, y apoyándose al máximo en las prestaciones de la tecnología informática aplicada.

Implementación de un Programa de Estadísticas que utilizando los datos generados por el sistema de administración de juicios, permita medir la gestión al menos en los siguientes ítems: a) tasas de ingreso y resolución de causas en cada unidad operativa; b) los diferentes niveles de complejidad en los expedientes en trámite; c) el cuadro de resultado del seguimiento de todos los procesos en cada unidad operativa; d) el cumplimiento de los plazos procesales desde el origen del trámite de la causa, así como e) la detección y examen de las razones de las demoras para procurar su solución.

Reforma del procedimiento civil y comercial:

Implementación de la oralidad. Implementar el principio de concentración de la prueba: audiencias preliminares, de prueba y alegatos orales. Ampliación de juzgados con una sola secretaria y menor cantidad de personal (oralidad más digitalización). Profundización de la especialización.


Resolución alternativa de conflictos: mediación optativa. Capacitación en negociación para abogados (programas universitarios). Incentivación del Arbitraje (reforma del procedimiento nacional).

Fuero de Familia: Necesidad de cumplir con la ley civil. Implementación de gabinetes multidisciplinarios. Acceso a la justicia para los más vulnerables. Difundir las reglas de Brasilia.

Peritos. Capacitación y actualización sobre los procedimientos. Implementación de distintos niveles en función de la complejidad del proceso en el que deben intervenir. Certificación de incumbencias. Convenios con Universidades.

Implementación de un procedimiento específico en el ámbito asistencial y de salud, para casos complejos, facultando al juez para resolver la totalidad del problema con posibilidad de integración de la litis, concentración de audiencias y coordinación de dependencias judiciales o externas.


Fomentar la creación de juzgados vecinales de menor cuantía y oficinas multipuertas en el ámbito de las justicias locales.

En materia penal:

Se propone una legislación especial para los juicios donde se investiguen causas de corrupción, acelerando los plazos procesales y concentrando las causas, como sucede en Brasil. Creación de una policía judicial con capacidades de investigación, capacitación y mejora en la infraestructura necesaria para investigar. Se propone una regulación especial para las megacausas donde hay muchas víctimas. Se propone que se organice una comisión interpoderes para agilizar los juicios de narcotráfico y corrupción.

Simplificar la instrucción. Que su objeto sea el de reunir evidencias mínimas orientadas a la evaluación de mérito para el envío o no del caso a juicio. Que la declaración indagatoria no sea obligatoria. Eliminar el auto de procesamiento y darle trascendencia a las medidas cautelares de naturaleza personal y patrimonial. Que las cuestiones de libertad se resuelvan en audiencia oral. Reducir y limitar las vías de impugnación con la posibilidad de hacer controles de admisibilidad estrictos para evitar recursos improcedentes. Limitar la propuesta de producción de prueba. Reemplazar los peritajes por informes técnicos congruentes con la finalidad de la etapa de instrucción. Concentrar los planteos de las partes en una audiencia multipropósito, al finalizar la instrucción. Que en esta etapa de investigación se pueda trabajar bajo reserva la recolección de pruebas hasta la imputación formal. Facultades para extender el secreto de sumario en causas complejas, que esta facultad no quede supeditada exclusivamente a que se agreguen nuevos imputados. Filmar las audiencias y guardar registros para que sirvan de prueba en el juicio.

El fiscal de la instrucción debe ser el mismo que el del juicio en las causas complejas.

Implementación de una audiencia preliminar, también multipropósito en la etapa de juicio oral. Ampliación del régimen de sistemas de flagrancia, para delitos cuya pena supere los 15 años; puntualmente para los casos de contrabando de estupefacientes y de divisas.

Propuesta de reforma al sistema carcelario: i) implementar un control judicial amplio y efectivo de los lugares de detención. Que los monitoreos de los lugares de detención sean realizados conforme a la normativa internacional –reglas Mandela-; ii) asegurar trabajo para todos los internos, así como la implementación de tratamientos acordes con cada personalidad; iii) se intensifiquen los esfuerzos tendientes a la educación, tanto en los niveles primario y secundario cuanto, eventualmente, en el universitario; iv) se actualice la “Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Nacional”, N°20.416, sancionada en el año 1973, con el designio de soterrar la impronta militarizada que ostenta, absolutamente antagónica para intentar los hitos de la resocialización; v) se modifiquen los planes de estudio de los institutos formativos, incorporando disciplinas que se refieran al derecho penal, al derecho procesal penal, a la criminología y al respeto por el derecho internacional de los derechos humanos; vi) se de estricto cumplimiento a las mandas de la ley 24050 –que data del año 1991-, en aras de que los jueces de ejecución penal puedan contar, con los equipos interdisciplinarios previstos en la dicha normativa; vii) se refuercen los actuales Patronatos de Liberados y/o instituciones análogas y auspiciar la creación de otros en las jurisdicciones donde no funcionan, con el anhelo de que los internos liberados, con anticipación al cumplimiento de sus condenas, estén debidamente supervisados y, por carácter transitivo, resguardar a la sociedad para evitar que sea víctima de una nueva conducta disvaliosa y, viii) se propenda para que la ley 27.375, modificatoria de la 24.660, de “Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” sea debidamente acatada por la magistratura especializada, mensurando que trátase de una herramienta que, concienzudamente interpretada, podría llegar a disminuir el irracional otorgamiento de libertadas anticipadas con sujeción a las nuevas exigencias que se han legislado sobre la materia


Una necesaria reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Resulta impostergable la modernización de las diferentes regulaciones que ha tenido, a través del tiempo, la actividad administrativa nacional, a fin de adecuarla a los principios de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, en el marco constitucional de nuestro Estado de Derecho; porque la modernización, antes que una postura partidista, precisa convertirse en una política de Estado, estable y justa, que haga posible el crecimiento económico y social del país y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, cuya dignidad humana debe preservarse a través de procedimientos imbuidos de transparencia, igualdad y participación ciudadana.

Debe producirse una renovación legal tal que, convierta al procedimiento administrativo en una verdadera etapa previa en la que el Estado atienda los derechos de los particulares con objetividad y ecuanimidad y de esa forma darle celeridad a la resolución del conflicto. Caso contrario, ser una eficaz herramienta colaborativa con el acceso a la justicia.

Es imperioso que el Estado posea un reglamento de procedimientos que sea proclive a la atención de las garantías constitucionales y del principio de seguridad jurídica.

Debe regularse con certeza el derecho de los particulares con relación a los conflictos con los entes que oscilan entre el derecho público y el privado, los cuales deben dirimirse en el ámbito del derecho privado, toda vez que es en este ámbito donde ejercen sus actividades. Lo mismo debe suceder en materia contractual, en donde deben disminuirse al extremo las prerrogativas del Estado posibilitando a la vez que los remedios jurídicos con que cuente el particular se vean incrementados, ello con el objeto -entre otros muy atendibles- que el Estado no abuse de sus prerrogativas quitando seguridad jurídica al sistema de contrataciones, que en el pasado ha llevado a que se demande a la República Argentina ante tribunales arbitrales extranjeros, cuyas cuantiosas condenas han debido ser atendidas por el erario público.

Es necesaria una reforma que promueva la participación de los posibles afectados en el proceso de emisión de reglamentos; de asegurar el acceso a la revisión de las decisiones administrativas por órganos diferentes del responsable de la decisión original y por los tribunales de justicia por medio de procedimientos expeditos y sencillos, que no impliquen costos excesivos; y de concluir dentro de períodos claros y lo más breves posibles, los procedimientos sancionatorios.

Se propone una nueva ley reglamentaria de la actividad administrativa que, a la par que incorpore y modernice las normas de la legislación vigente, solucione clara y equitativamente los principales problemas jurídicos que plantea la gestión administrativa en la actualidad y de este modo, haga posible cumplir con el papel del Estado como regulador de las actividades públicas y garante de las necesidades de la comunidad.

Procedimiento y proceso administrativos. Alcance Las normas de procedimiento administrativo deben aplicarse únicamente a la actividad administrativa, excluyendo de su alcance la actividad empresaria del Estado en sus relaciones con los particulares.

Principios y requisitos

•Sustanciación de recursos ante el órgano que debe decidir.
•Buena fe: La Corte Suprema ha dicho desde antiguo que la Administración debe ser “leal, franca y pública en sus actos” (Fallos 10:203 -1871-).
•Notificaciones irregulares: Se propone superar el sistema de saneamiento de las notificaciones inválidas vía extensión de plazos, que hoy prevé el Reglamento de la LPA, disponiéndose, para tal caso, la ineficacia de la notificación.
• Impulsión de oficio de los recursos administrativos interpuestos, bajo pena de sancionar la violación de esa obligación.
• Ampliación del efecto suspensivo del pedido de vista: El conocimiento pleno de las actuaciones constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de defensa. Necesidad de ampliar el efecto suspensivo del pedido de vista a todo este espectro de situaciones.
• Revisión judicial del rechazo administrativo de la denuncia de ilegitimidad.
•Efectos de la interposición de recursos administrativos y acciones judiciales: Debe aclararse, en forma concluyente, el efecto interruptivo de la prescripción de la presentación de recursos administrativos y de acciones judiciales. También cabe extender el efecto interruptivo de los plazos administrativos a la promoción de acciones judiciales.
• La administración debe concluir los procedimientos en un plazo razonable.

Acto administrativo

•Se debe agregar como requisito, la inexistencia de los tradicionales vicios de la voluntad, para correlacionar esta regla con la correspondiente a la nulidad absoluta.
•Vicios de forma: Los dos más importantes son la falta de firma o, cuando ella es requerida, de forma escrita (gráfica, electrónica o digital) que privan de todo efecto al acto.
•Se debe prever la utilización de medios electrónicos o digitales para la emisión de actos administrativos, según lo establezca la respectiva reglamentación.

Silencio positivo: se debe autorizar al Poder Ejecutivo a establecer el sentido positivo del silencio frente a leyes que exigen autorizaciones administrativas previas a la realización de determinadas conductas, excepto en materias como la salud pública o el medio ambiente.

Nulidades: morigeración de las causales de nulidad absoluta. Por el contrario, la desviación o abuso de poder deben ser causales de nulidad absoluta.

Revocación del acto de alcance particular: el mero conocimiento del vicio por el particular no debe bastar para posibilitar la revocación. La presunción de legitimidad no puede jugar sólo a favor del Estado. Ante el abuso de esta causal por la Administración, se propone eliminarla y disponer que solamente la participación dolosa del particular permitirá al juez dar efecto retroactivo a la sentencia, trátese de acto nulo o anulable.

Se propone prohibir la revocación administrativa de actos totalmente cumplidos así como también la de los actos que generen derechos subjetivos, con el objeto de evitar que pueda revocarse –como ha ocurrido- la adjudicación de contratos años después de que éstos hayan sido totalmente cumplidos y pagados.

Debe eliminarse la revocación por oportunidad, excepto cuando la ley la autoriza expresamente. Asimismo, cuando se mantenga esta facultad, la indemnización debe comprender también el lucro cesante. Por otra parte, el Estado siempre cuenta con la posibilidad de la expropiación.

Derogación de actos de alcance general: necesidad de establecer reglas especiales para los actos de alcance general, admitiendo ampliamente su derogación aunque respetando los derechos adquiridos que pudieren haberse constituido previamente.

Procesos judiciales: ampliación del acceso a la justicia.

Legitimación: procedencia de la impugnación judicial ante la afectación “intereses jurídicamente tutelados”.

Reglas sobre agotamiento en la vía impugnatoria: se debe excluir la necesidad de agotar la vía administrativa en supuestos donde es manifiestamente inoficioso y causa únicamente una dilación a una solución judicial.

Se deben establecer, también, ciertas reglas básicas del agotamiento de la vía administrativa.

Contratos: rápido acceso a la justicia ante el incumplimiento del Estado.

Actos de alcance general: en el caso de los actos de alcance general, se debe facilitar el reclamo frente a los decretos de necesidad y urgencia, los vetos parciales y los decretos delegados; así como en el caso de las acciones de amparo y las declarativas de inconstitucionalidad.

Efectos de la sentencia: debe derogarse la norma que otorga efecto meramente declarativo a las sentencias contra la Nación.

Costas judiciales: Se propone una norma por la cual, cualquier de las partes, al comenzar el juicio, puede renunciar a la imposición de costas, en cuyo caso, de perder el juicio, no sufrirá, a su vez, condena en costas. Ello siempre que no incurra en inconducta procesal y su acción, o su resistencia, no sea caracterizada como totalmente carente de base por el tribunal.

Medidas cautelares contra el Estado: Derogación de las disposiciones de la Ley 26.854.

Procedimiento administrativo sancionatorio: deben establecerse garantías a los procedimientos sancionatorios y otros recaudos que aseguren el respeto sustancial de principio de tutela judicial y administrativa efectiva, prescripto en la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos de igual jerarquía (art. 75, inc. 22), reglando detalladamente el instituto de la prescripción y declarando inadmisible el sistema de solve et repete.

En materia disciplinaria la responsabilidad debe ser siempre subjetiva.

Contratos del Estado: se debe distinguir entre las normas de selección de contratistas, que se aplican, con pocas excepciones, a todos los contratos que celebra el Estado nacional y sus entidades autárquicas, del régimen sustantivo que sólo se aplica a los tradicionales contratos administrativos.

El ámbito de la contratación pública requiere de una modernización tanto para evitar los abusos y el ejercicio de la discrecionalidad reinante, sin supervisión ni control efectivo, como para adecuar la regulación a las tendencias imperantes en el mundo actual, tendencias que postulan, cada vez en mayor grado, no solo la aplicación del derecho privado en el objeto de contratos de naturaleza civil o comercial que celebra el Estado, sino también la morigeración de las prerrogativas de poder público.

En esa línea, para evitar el abuso de los poderes discrecionales por parte de las autoridades contratantes, debe exigirse que las prerrogativas, como todo ejercicio de una potestad pública, deben surgir expresamente de la ley, no admitiéndose, por lo tanto, la invocación y ejercicio de prerrogativas implícitas, es decir, carentes de base legal positiva.

Esa regla, se completa con la que exige que las prerrogativas públicas se encuentren, además, expresamente previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones o en el respectivo contrato, en el supuesto de contratación directa.

De esa manera, se procura evitar el uso abusivo del poder discrecional por parte de las autoridades contratantes, eliminado una de las principales causas generadas de litigios entre los particulares y el Estado que, al aumentar el riesgo contractual y hacer su cumplimiento imprevisible, terminan trasladando ese riesgo al costo de las contrataciones y, en definitiva, al presupuesto público.

En el caso de las tarifas de servicios públicos pagaderos por los usuarios de cada servicio u obra pública, se debe establecer una formulación sistemática tendiente a mantener, en la mayor medida posible, la ecuación financiera del contrato a través del tiempo, con reglas equilibradas y razonables que juegan tanto a favor como en contra de los concesionarios y/o licenciatarios.

Debe establecerse la posibilidad de recurrir al arbitraje, a los paneles técnicos, y a la transacción para la solución de las controversias que suscite la ejecución del contrato, procurando así acortar los tiempos para arribar a dicha solución en línea con lo que disponen los derechos modernos.

Responsabilidad extracontractual del Estado: es necesario establecer criterios propios y diferenciados para regir la responsabilidad del Estado, sin perjuicio de la aplicación supletoria o analógica de las prescripciones del Código Civil y Comercial, cuando así corresponda, teniendo en cuenta si la causa generadora del daño sea o no específica del derecho público o si, por el contrario, sea común con las que se presentan en el derecho privado (ej. accidentes de automotores).

En tal sentido, debe regularse específicamente la responsabilidad estatal por actividad lícita, con un criterio amplio y respetuoso del derecho de propiedad. En estos casos, la indemnización, para ser justa, la de comprender, además del daño emergente, el lucro cesante debidamente comprobado, en función de las circunstancias particulares de cada caso.

Deben consagrarse los criterios de error judicial y falta de servicio, como factores de atribución para hacer responsable al Estado por la actividad judicial, regulándose los supuestos en que procede dicha responsabilidad sobre la base de que, en principio, la mera revocación o anulación de las decisiones judiciales no presupone, por si misma, el derecho a ser indemnizado.

Expropiación: debe ser modificada la Ley 21.499 actualizando las disposiciones sobre valuación e impidiendo abusos tales como la extensión de la ocupación temporánea anormal por plazos o circunstancias incompatibles con la excepcionalidad del instituto, o la conjunción de la expropiación con la ocupación temporánea que viola el requisito constitucional de la indemnización previa. Asimismo, es necesario adecuar el alcance de la indemnización previsto en el art. 10 de dicha ley a la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y al principio de justa indemnización que prescriben la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.